Eduardo Núñez, abogado del exministro, explicó que el desembolso se realizó del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas. “El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Núñez subrayó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter plenamente institucional. Precisaron además que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Según explicó, lejos de generar una pérdida al Estado, la operación fue registrada oficialmente como una reducción de pasivos públicos, al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, señaló.
La defensa indicó que toda la operación se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, donde se describe el pago como una liquidación de compromisos interestatales. “Un fraude no
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