Con sus acciones, las compañías involucradas pusieron en peligro parte de las torres de la autopista eléctrica de 345 mil KVA
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) detuvo las operaciones de extracción de agregados que realizaban las empresas Alba Sánchez y CAEI-Industrias Bisonó en la comunidad de Lucas Díaz, del municipio de Yaguate, San Cristóbal, por la violación a las disposiciones de la Ley General de Medio Ambiente (64-00).
Durante la intervención, encabezada por el procurador titular de la Proedemaren, Francisco Contreras Núñez, se pudo comprobar que las operaciones de estas empresas arriesgaban la seguridad nacional, al poner en peligro parte de las Torres de Transmisión Eléctrica de 345 mil KVA.
En el operativo, en el que también participaron personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), Milton Martínez, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y de la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD), los responsables de estas granceras no pudieron mostrar de forma física los permisos de operación emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIRENA).
A través de las labores de explotación indiscriminada y sin criterios medioambientales, las empresas han afectado severamente las bases que soportan partes de las torres de la autopista eléctrica.
Martínez, del equipo de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, indicó que es urgente la intervención de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en la zona objeto de la investigación, donde se encontró la afectación a las Torres de Transmisión Eléctrica, porque de producirse un nivel elevado de lluvias es muy alto el riesgo del colapso de estas.
Por su parte, Contreras fue enfático al señalar que la Proedemaren está vigilante con todos aquellos que infrinjan la normativa ambiental en el país y advirtió que continuará a nivel nacional con las supervisiones de las granceras sin permitir que los ríos, sus franjas ribereñas o sus llanuras de inundación, se conviertan en zonas de depredación ambiental con la extracción inmisericorde de agregados
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