Roberto Valenzuela
El próximo 4 de julio de 2026, los Estados Unidos alcanzarán un hito histórico:
250 años de su nacimiento como nación. La fecha nos remite al 4 de julio de
1776, cuando las trece colonias —el 13, considerado por muchos un número
de superstición— proclamaron su independencia del reino de Gran Bretaña.
Aquel acto sentó las bases de un exitoso experimento político que, con el paso
del tiempo, se convertiría en un referente mundial: la democracia
representativa.
A diferencia de las monarquías —encabezadas por reyes, reinas o emperador,
emperadora— predominantes en su época, el nuevo Estado se estructuró bajo
la inspiración de Montesquieu y su doctrina de la separación de poderes. Así, el
poder Ejecutivo, encabezado por un presidente electo; el Legislativo,
representado en un Congreso sujeto a renovación democrática; y el Judicial,
garante último del cumplimiento de la Constitución y las leyes, configuran un
equilibrio institucional que ha resistido el paso del tiempo. Y 250 años es, sin
duda, mucho tiempo.
Es innegable que Estados Unidos ha construido una historia de grandeza
institucional. Ha sido inspiración para pueblos como Haití, que fue la segunda
nación americana en proclamar su independencia y la primera república negra
independiente. También inspiró a líderes independentistas que lucharon por la
libertad de sus pueblos, entre ellos Simón Bolívar, José Martí, José de San
Martín, Juan Pablo Duarte y Benito Juárez. Su sistema democrático, con
tensiones y desafíos, no ha sido interrumpido desde su fundación, y su aparato
de justicia mantiene una fortaleza que inspira a otras naciones. Sin embargo,
esa misma historia también arrastra un capítulo oscuro y funesto: la violencia
política dirigida contra sus propios líderes.
Es el país donde más presidentes han sido asesinados. Cuatro mandatarios
han muerto en el ejercicio del cargo: el influyente Abraham Lincoln en 1865,
James A. Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y el carismático John F.
Kennedy en 1963. A estos hechos se suman múltiples intentos de magnicidio a
lo largo de su historia, lo que evidencia que ni siquiera las democracias más
sólidas están exentas de amenazas extremas.
El caso de Ronald Reagan —uno de los presidentes más populares en la
historia de esa nación—, herido en un atentado en 1981, así como los recientes
incidentes de seguridad en torno a Donald Trump, reafirman una realidad
inquietante: el poder político, en cualquier contexto, sigue siendo un blanco de
alto riesgo. Cabe recordar que el intento de agresión contra Trump ocurrió en
un entorno simbólicamente comparable al de otros episodios históricos de
violencia política en el país. Tanto Trump como Reagan pertenecen al Partido
Republicano y representan corrientes conservadoras.
Este contraste —entre la estabilidad institucional y la persistencia de la
violencia política— define, en buena medida, la complejidad de la experiencia
estadounidense. A 250 años de su fundación, Estados Unidos no solo celebra
su permanencia democrática, sino que también enfrenta el desafío de
preservar la seguridad de sus líderes y la calidad del debate público.
Porque, si algo enseña su historia, es que la democracia no es un logro
estático, sino una construcción permanente, donde los avances conviven con
amenazas que obligan a una vigilancia constante.
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