Comisión Especial de diputados debate proyectos de ley para oportunidades juveniles y reinserción de adolescentes

 

SANTO DOMINGO.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados debatió dos proyectos de ley: uno que crea el Sistema Nacional de Oportunidades y Superación Juvenil (Sinoju) y otro que establece el Sistema Nacional de Centros Especializados de Internamiento y Reinserción para Adolescentes (Ceira).

En el encuentro participaron representantes del INFOTEP, del Ministerio de Hacienda y Economía, y del Ministerio de Trabajo.

El presidente de la comisión, diputado José Caraballo, explicó que estas iniciativas buscan ofrecer alternativas a jóvenes que delinquen por primera vez, evitando que sean recluidos junto a otros reincidentes y brindándoles oportunidades de formación y reinserción.

En su intervención, la directora de Planificación del INFOTEP señaló que el Sinoju beneficiará a personas en condiciones de vulnerabilidad mediante programas de capacitación técnica en sus propias comunidades, sin necesidad de trasladarse a las grandes ciudades.

También destacó que el Ceira apoyará a jóvenes privados de libertad, ya que actualmente existen 16 centros penitenciarios con talleres y aulas de formación.

Por su parte, el director de planificación del Ministerio de Hacienda y Economía, Nelson Chávez Báez, subrayó que los proyectos buscan generar oportunidades para la juventud a través de programas de reinserción laboral, becas y primer empleo.

En otro orden, la directora jurídica del INFOTEP, Carmen Reyes, expresó que la institución no solo ofrece servicios de formación técnica, sino que también cuenta con un marco sólido de estándares, normativas y programas especializados que garantizan la calidad de la capacitación.

En la comisión, aparte de su presidente, participaron los diputados Rogelio Genao, Bellaniris Espinal, Antonio Brito, Ydenia Doñé, Elvira Corporán, Abelardo Rutinel, Yalis Soto y Patricia Núñez. También asistieron por el INFOTEP Raysa Pichardo, directora de Competitividad y por el Ministerio de Trabajo, Pedro Luis Gago, director del Observa

Ataques saudíes matan a 7 civiles, incluidos dos niños, en Yemen

   

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  Dos niños yemeníes asesinados tras los ataques aéreos saudíes contra la ciudad de Moca, gobernación de Taiz, 22 de septiembre de 2026.

DLas autoridades yemeníes han anunciado la muerte de al menos siete civiles, incluidos dos niños, en ataques aéreos saudíes en el oeste de Yemen.

“Las aeronaves enemigas lanzaron varios ataques aéreos contra viviendas civiles en la ciudad de Moca, en la gobernación de Taiz, en una agresión directa y deliberada contra objetivos civiles”, ha informado este martes en redes el portavoz del Ministerio de Salud de Yemen, Anis al-Asbahi.

La referida Cartera yemení ha detallado que las nuevas agresiones saudíes dejaron a 14 civiles muertos o heridos.

Según fuentes hospitalarias yemeníes, siete personas, entre ellas dos bebés y una mujer, murieron, mientras que otras ocho, incluida una mujer y un niño, resultaron heridas en el ataque.

Ansarolá: Arabia Saudí agredió a Yemen con aval de EEUU, Israel y R. Unido | HISPANTV

El líder de Ansarolá ha condenado la complicidad de EE.UU. en los ataques de Arabia Saudí y ha destacado que Riad cometió todo tipo de “crímenes de guerra” en Yemen.

 

Arabia Saudí ha intensificado sus agresiones contra Yemen, desde que las fuerzas yemeníes recuperaron el control de las zonas costeras occidentales del país.

En este contexto, el general de brigada Yahya Sari, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, informó el lunes de que Riad, en una nueva ronda de agresiones, había atacado en 157 ocasiones las provincias yemeníes de Al-Yawf, Taiz, Saada y Marib con misiles y aviones de combate.

El general Sari señaló que los ataques aéreos fueron llevados a cabo con cazas F-15 y Typhoon que despegaron de las bases de Jamis Mushait y Taif, mientras que los ataques con misiles se realizaron desde las provincias de Nayrán y Yizán, en el suroeste de Arabia Saudí.

El portavoz de las FF.AA. de Yemen cifró en 917 el número total de los ataques aéreos y con misiles del enemigo saudí desde el inicio de los enfrentamientos.

ran/tqios niñ

Primer día del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional examina desafíos del

 En el evento académico del Tribunal Constitucional se desarrollaron paneles y conferencias a cargo de expertos nacionales e internacionales

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SANTO DOMINGO. Durante la primera jornada del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional organizado por el Tribunal Constitucional (TC) se desarrollaron conferencias y paneles en los que expertos abordaron distintos desafíos relacionados con derecho penal, procesal penal y constitucional y resaltó la relevancia del debido proceso en materia penal para garantizar los derechos fundamentales. 

 

Las ponencias fueron escuchadas por cientos de juristas, académicos y servidores públicos que se dieron cita a este encuentro que reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y la República Dominicana.

 

En la conferencia titulada «El debido proceso como fundamento del Estado social y democrático de derecho», el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del TC, afirmó que el debido proceso es una garantía constitucional transversal a todo ejercicio de poder sancionador, «que se erige como muro de contención que procura evitar que el Estado y sus autoridades incurran en un uso excesivo o arbitrario del poder».

 Posteriormente, el Dr. Alan Aldana, litigante e investigador internacional, hizo un breve análisis para el acceso ante la Corte Penal Internacional y advirtió que mientras los mecanismos internacionales de persecución penal y cooperación policial se expanden a un ritmo acelerado, los derechos constitucionales que protegen al ciudadano sufren un peligroso rezago.

 Para profundizar en el tema central del evento académico desde la realidad local, se llevó a cabo el panel «El debido proceso: su realidad en el sistema de justicia penal dominicana», el cual fue moderado por el magistrado Amaury A. Reyes Torres.

 

En este conversatorio, el Dr. Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos, resaltó que a pesar de que la Constitución consagra que la justicia es gratuita, la economía dicta que los recursos son limitados y exige que se ponga en práctica un ejercicio constante de optimización. 

Desde la óptica del Ministerio Público, habló la Mgda. Rosalba Ramos, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, quien afirmó que los fiscales están llamados a buscar la verdad, y que cuando tienen sesgos y no exploran todas las hipótesis, tanto las que están a favor como en contra del imputado, los resultados se afectan significativamente. 

Por otro lado, el jurista Julio Cury sostuvo que las medidas cautelares no deben desnaturalizarse como castigos anticipados ni usarse como moneda de uso corriente en el sistema penal, y el abogado Eduardo Núñez sostuvo que, aunque la República Dominicana cuenta con un amplio catálogo de garantías procesales y constitucionales, persiste un desafío fundamental: asegurar que las decisiones judiciales no solo respeten las formas del proceso, sino también la calidad y fiabilidad del conocimiento utilizado

Por otro lado, el jurista Julio Cury sostuvo que las medidas cautelares no deben desnaturalizarse como castigos anticipados ni usarse como moneda de uso corriente en el sistema penal, y el abogado Eduardo para establecer los hechos.

La jornada continuó con la conferencia del Dr. Martín Haissiner, director general de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien abordó la problemática del control de la duración del proceso penal y la exigencia de aplicar de forma categórica los plazos máximos legales. El jurista sostuvo que el plazo máximo de duración del proceso está vinculado teleológicamente con el plazo razonable y que los dos establecen razones independientes para poner fin a un proceso penal.

El Congreso también contó con la conferencia de Daniel González Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quien manifestó que el derecho del imputado a recurrir una sentencia condenatoria constituye una garantía fundamental reconocida por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Para el Dr. Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal de la República de Argentina, no existe un sistema procesal penal perfecto. En su conferencia: «Investigación del Ministerio Público: la eficacia garantista vs. la eficacia abusiva», dijo que el éxito del sistema estará dado por el respeto, por parte de todos los actores, de las conocidas garantías y derechos de jerarquía constitucional.

 

De su lado, el Dr. Alberto Binder, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, disertó sobre la investigación penal y dijo que la transición del modelo inquisitivo al acusatorio no puede comprenderse como una mera sustitución normativa: constituye una disputa entre prácticas, organizaciones, posiciones institucionales y culturas jurídicas.

 

La jornada concluyó con el panel «Entre el modelo inquisitivo y el acusatorio. Tensiones», moderado por el director jurídico del TC, Wilmer Espinosa, que contó con la participación del jurista y catedrático Ramón Emilio Núñez, quien habló sobre el carácter de la investigación; y la jurista Luz Díaz Rodríguez con el tema de la lealtad procesal y la aplicación del principio de contradicción durante la investigación.

 

Sobre este tema, desde la perspectiva del sistema judicial, hablaron en el mismo panel el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, que hizo énfasis en la tutela del derecho a la libertad y el abuso de la prisión preventiva, así como el magistrado Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien se refirió a la tutela judicial de la ejecución de las decisiones en materia penal.

 

El VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional continúa mañana martes, 22 de un septiembre, con programa académico que incluye interesantes ponencias sobre el debido proceso. 

Mirna Ortiz: el Ministerio Público documentó autorizaciones facturadas y cobradas al SeNaSa de procedimientos médicos no realizados

Mirna Ortiz y otros fiscales en el caso de SENASA.

 República Dominicana.-. “El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tras el aplazamiento de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción a las 26 personas arrestadas a partir de la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A.

Mirna Ortiz indicó que el Ministerio Público está judicializando en esta ocasión a “un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados del SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”, declaró sobre el entramado de corrupción”.

Sostuvo que el Ministerio Público está preparado para conocer este miércoles, 23 de septiembre, la solicitud de medidas de coerción contra las 26 personas arrestadas por sustraer fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Mirna Ortiz representó al Ministerio Público con el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.

“En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para el conocimiento de la audiencia de la medida de coerción; sin embargo, los abogados de las defensas solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas, las muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público para sostener esta medida”, indicó Mirna Ortiz.

“Adicionalmente a ello se ha fusionado el proceso con una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos que están siendo sometidos por este proceso y eso motivó a que el tribunal acogiera el pedimento de las defensas y aplazara la audiencia para el próximo miércoles, 23”, dijo, al tiempo de reiterar “que en la próxima audiencia estaremos todos listos para continuar con el conocimiento del proceso”.

Durante el proceso, la titular de la Pepca presentó al tribunal el depósito de solicitud de medida de coerción a la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades en horas de la mañana del lunes.

El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia para el miércoles, 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo y que se imponga la prisión preventiva por 18 meses contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.

También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.

La audiencia, por cuestiones de espacio, fue celebrada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Proceso penal contra el entramado de corrupción

En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.

Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraído al Estado dominicano.

Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.

El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.

Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.

Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.

Cinco miembros de una familia murieron calcinados en incendio de vivienda en Mao

Muertos en el incendio en Mao.

 República Dominicana.-. Cinco miembros de una familia murieron calcinados en un incendio registrado en su vivienda ubicada en el sector La Compuerta, en el municipio de Mao, en la provincia Valverde.

Los muertos fueron Yudelka del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Féliz Ventura, de 34; Yudelis Durán, de 9 años; Samantha Ventura, de 5 años, y Jadelin Ventura, de apenas 8 meses

El incendio se produjo a las 2:31 de la madrugada de este martes, en una vivienda ubicada en la calle H.

El mayor del Cuerpo de Bomberos de Mao, Freddy Alberto Núñez Matías, encargado de Planes, Operaciones y Comunicaciones, informó que la asistencia fue ofrecida al recibirse una llamada de emergencia.

En la labor de sofocar las llamas participaron miembros del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y de la Dirección de

Lula denuncia parálisis de la ONU y rechaza injerencia imperialista

El presidente de Brasil denuncia el fracaso del organismo internacional y la crisis del multilateralismo en la 81.° Asamblea General.

Lula da Silva, advirtió sobre la profunda crisis que inmoviliza a los organismos de seguridad global frente a los conflictos mundiales.

 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró el Debate General del 81.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas （AGNU） con un contundente discurso en el que denunció la parálisis de la ONU, la injerencia extranjera en América Latina y el genocidio en Gaza.

Durante su décima intervención histórica ante la AGNU en Nueva York, Lula destacó que la ONU enfrenta su momento más crítico desde su fundación, caracterizando la guerra como el colapso total de la política. Criticó la inacción de las grandes potencias y la estructura obsoleta de la gobernanza global, señalando que el derecho de veto del Consejo de Seguridad mantiene a las poblaciones más vulnerables como rehenes.

El mandatario brasileño condenó el genocidio en Gaza, calificando las operaciones del gobierno de Netanyahu contra mujeres y niños como un genocidio.

Además, rechazó el acoso político contra la Corte Penal Internacional y la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Lula reafirmó la solución de dos Estados y condenó las agresiones en Cisjordania y la desestabilización en el estrecho de Ormuz.

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En su discurso, Lula exigió la incorporación permanente de los países africanos en el Consejo de Seguridad y la reforma del sistema financiero global para aliviar las deudas de las naciones del Sur Global. También llamó a retornar el combate al cambio climático a la agenda central de los foros internacionales como el G7 y el G20.

En el tramo más firme de su intervención, Lula rechazó la lógica neocolonial y las pretensiones de dominación hemisférica del imperialismo sobre América Latina.

Bajo la premisa de que «Brasil no cabe en el patio trasero de nadie», rechazó la presencia y patrullaje de fuerzas militares extranjeras en aguas continentales. «No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas. Necesitamos cooperación para bloquear el flujo de armas y dinero que alimenta el crimen«, afirmó.

El presidente brasileño defendió el derecho del pueblo venezolano a definir su propio destino sin tutelas externas y exigió el cese del «castigo colectivo» que representa el bloqueo económico y energético contra Cuba. También llamó a superar las divisiones ideológicas para avanzar en la integración regional.

Lula detalló los avances de la Operación contra el Crimen Organizado en Brasil, la promulgación de la severa Ley contra las Facciones y la consolidación del Centro Internacional de Cooperación Policial de la Amazonia en Manaos. Ratificó la neutralización del lavado de dinero y la lucha contra la corrupción sin ceder soberanía en la seguridad fronteriza.

Al cierre de su intervención, reafirmó que Brasil se jugará el próximo 4 de octubre entre la democracia o el retroceso, en lo cual condenó las campañas de desinformación e injerencia externa en los comicios del país sudamericanos que han sido ampliamente alertados por diferentes instancias. En esa fecha su candidatura se medirá a la de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, detenido por su implicación en su intento de golpe de Estado para evitar el triunfo de Lula en 2022 e investigado por cargos de corrupción.

Bolivia: trabajadores de la agricultura y el transporte anuncian bloqueos contra el «dieselazo»

Los manifestantes dieron un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz para revertir la eliminación de los subsidios al diésel. Argumentan que la escasez y el elevado precio asfixian la economía regional.

Confederación Sindical de Choferes Bolivia rechazan el dieselazo y enfatizan que afecta a la población. Foto: Correo del Sur

 Diversos sectores sociales y productivos de Bolivia, encabezados por productores de caña de azúcar, cultivadores de arroz, pobladores de los valles cruceños y trabajadores del transporte, anunciaron el inicio de bloqueos en carreteras y diversas medidas de presión en rechazo el denominado “dieselazo”, medida gubernamental que eliminó la subvención estatal al diésel y duplicó el costo del combustible en el mercado nacional.

“El dieselazo es el entierro de todos nuestros sectores productivos, por eso nos hemos unificado para defender nuestro patrimonio, el trabajo diario, porque en la actualidad, no solo no hay diésel, sino se nos impone comprar en el doble de precio”, dijeron los dirigentes.

Los pobladores y productores de los valles cruceños instalaron un bloqueo indefinido de caminos tras emitir un pronunciamiento conjunto con el Bloque de Transporte Unidos. Los manifestantes dieron un ultimátum al Gobierno de Rodrigo Paz para revertir la medida. Argumentaron que la escasez y el elevado precio del carburante asfixian la economía regional.

Por su parte, el transporte público urbano en ciudades como La Paz y Tarija optó por replegar sus unidades hasta definir nuevas tarifas. Los choferes argumentan que, al eliminarse la subvención, el costo del pasaje debe duplicarse, mientras que el transporte interdepartamental ya incrementó sus tarifas entre un 50 y un 100 por ciento según la distancia del recorrido.

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Ante este panorama de tensión, la Confederación de Choferes de Bolivia convocó a una asamblea general nacional de emergencia para este martes en la ciudad de Santa Cruz, para definir las acciones definitivas que adoptará el sector contra el Decreto Supremo 5716. Los conductores reafirmaron que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado.

“Mañana (martes) vamos a estar en ampliado nacional y ese ampliado nacional toma las decisiones y se cumple”, informó su ejecutivo, Lucio Gómez, además de enfatizar que las medidas tomadas por el Gobierno afectan a la población.

“No nos pueden privar el derecho” a la protesta, afirmaron, al señalar que los sindicatos están reconocidos por el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, tras los intentos del Gobierno por criminalizar las protestas.

Autor: teleSUR - mb - JDO

Fuente: Agencias