martes, 3 de noviembre de 2026

Los latinos en las elecciones de mitad de mandato


El 3 de noviembre los estadounidenses decidirán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos durante la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump.

Por Xavier Villar

Las elecciones de medio mandato (midterms), celebradas a mitad de la presidencia de cuatro años en Estados Unidos, determinan la composición del Congreso.

En estos comicios se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, entre ellos elecciones especiales en los estados de Florida y Ohio para cubrir los puestos que quedaron vacantes al nombrarse secretario de Estado a Marco Rubio y vicepresidente a JD Vance. Además, los votantes de 36 estados elegirán a sus respectivos gobernadores. 

Los miembros de la Cámara de Representantes representan a un distrito electoral y cumplen mandatos de dos años, mientras que los senadores tienen mandatos de seis años. 

En estas elecciones, los votantes latinos son el principal bloque de electores indecisos. Los latinos representan aproximadamente el 20 % del electorado registrado en cerca de dos docenas de contiendas muy reñidas por escaños en la Cámara de Representantes. 

Entre los latinos que votaron por Trump en 2024, el 93 % aprobaba su gestión al comienzo de su mandato. Sin embargo, esa cifra ha caído hasta el 57 % en vísperas de las elecciones legislativas, según muestra el Pew Research Center. 

El temor generado por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha contribuido significativamente a este cambio: el 30 % de los votantes latinos que apoyaron a Trump en 2024 considera que el presidente ha ido demasiado lejos. La percepción de la situación económica también ha empeorado durante el segundo mandato del republicano. A comienzos de año, el 57 % todavía consideraba que la gestión económica iba por buen camino, pero esa cifra ha caído hasta el 34 %. 

Dos años bajo estas condiciones han dejado huella en este sector del electorado, ya sea modificando sus intenciones de voto o provocando un efecto desmovilizador. 

Y ahora que la economía se ha convertido en la principal preocupación de este electorado, las perspectivas no son muy halagüeñas para el Partido Republicano. El 40 % afirma que su situación económica ha empeorado respecto al año pasado. Y como apuntan varios estudios publicados tanto por medios estadounidenses como europeos, casi el 80 % de los adultos latinos (38,5 millones de personas) forma parte de la clase trabajadora estadounidense, frente al 65 % de los votantes blancos. Uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos es latino y, dado que esta comunidad crece a un ritmo más rápido que el resto de la población, su peso en la fuerza laboral seguirá aumentando en los próximos años. 

Por eso, el 83 % de los latinos sitúa el coste de la vida como su principal preocupación, mientras que el 61 % afirma que apenas llega a fin de mes o tiene dificultades para hacer frente a sus gastos mensuales. 

Pero la cuestión latina va más allá de la economía. Para entender a los latinos en Estados Unidos, como para entender a otras minorías no blancas, es imprescindible prestar atención a la dimensión racial y al supremacismo blanco. En primer lugar, hay que explicar que cuando hablamos de raza no nos referimos a algo fijo y permanente. 

La raza, entendida como una forma de poder disciplinario, se comprende mejor como un conjunto de lógicas, sistemas y procesos de gobierno en constante adaptación. Es decir: esa tecnología de poder se articula de manera diferente y utiliza lenguajes distintos, pero siempre mantiene una división entre aquellas poblaciones consideradas plenamente humanas y aquellas otras que no lo son. 

En el caso concreto de los Estados Unidos actuales, el discurso abiertamente xenófobo y racista de Donald Trump (recordemos, por ejemplo, que ha calificado a los mexicanos de violadores) se combina con otro registro que, manteniendo la división racial entre humanos y no humanos, se alía con el neoliberalismo para construir un argumento moral sobre el valor y la legitimidad de la figura del “productor”: en inglés, producer, el que produce y trabaja, frente al que vive de la ayuda del Estado. Dentro de este marco, Trump fue capaz de incorporar a su coalición de productores a un amplio espectro de personas de distintas clases sociales, grupos raciales y étnicos, al tiempo que construía, en términos racializados, el ideal de lo que significa ser productor. 

Cada vez que Trump describe al “enemigo” de la coalición de productores, esas figuras y sus acciones pasan a formar parte de un paisaje racializado de los “indignos”: aquellos que no son considerados productores y que dependen del Estado para poder sobrevivir. 

Es decir, la raza en el discurso de Trump se expresa de muchas maneras, con lenguajes diversos y según las coyunturas. Lo relevante, y lo que realmente afecta a la comunidad latina, es que ese discurso construye a los latinos, dentro de la generalidad de las poblaciones consideradas no blancas, como figuras sospechosas, abiertos a la mirada disciplinadora del supremacismo blanco que Trump representa. 

Si bien es cierto, como dicen ciertas corrientes políticas contemporáneas, que toda la población está sujeta a la biopolítica, el conjunto de técnicas contemporáneas que no solo reprimen la vida, sino que la producen, administran y mercantilizan, lo cierto es que algunos cuerpos están mucho más expuestos a esas técnicas que otros. 

En este caso, los latinos, aquellos construidos como no blancos y como dependientes del Estado, son vistos como un cuerpo extraño dentro de la idea de Estados Unidos que se aferra a la nostalgia de una época en la que la jerarquía racial supremacista blanca no se veía contestada por quienes la sufrían. 

El propio lema de campaña más famoso de Trump, el Make America Great Again, evoca esa nostalgia racial en la que los latinos, como el resto de la población no blanca, no ponían en duda la jerarquía y, por lo tanto, no existía la ansiedad blanca respecto a “ser invadidos” o “ser reemplazados”. 

La población latina en los Estados Unidos se mueve, por tanto, entre dos polos. Por un lado, los “buenos latinos”, aquellos que pueden ser incorporados en el sistema, siempre que cumplan con todos los requisitos, tanto políticos como económicos. Por otro, los “malos latinos”, aquellos que son ya construidos como población desobediente, destinada bien a la explotación, bien a la deportación. 

Lo interesante de esta división es que incluso los “buenos latinos”, aquellos obedientes y válidos para el neoliberalismo, nunca lo son de manera definitiva. Siempre están sujetos a los vaivenes de la raza y a que en cualquier momento vuelvan a caer en el espacio de los “malos latinos”.

Pérdidas aéreas de EEUU en la guerra con Irán superan los $4000 millones

  • Restos de un caza F-15 estadounidense con el número de serie 00-3000, exhibido por el Cuerpo de Guardianes de Irán.


EE.UU. perdió 85 aeronaves y sufrió daños en otras 26 durante los primeros siete meses de guerra con Irán, con un coste de reemplazo superior a 4000 millones de dólares.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perdieron aproximadamente 85 aeronaves y otras 26 resultaron dañadas durante los primeros siete meses de la guerra contra Irán, según estimaciones del periodista y analista Stephen Semler, cofundador del Instituto de Reforma de la Política de Seguridad de Estados Unidos.

Las cifras, correspondientes al período comprendido entre el 28 de febrero y el 27 de septiembre de 2026, se basan en informaciones de medios de comunicación, datos de inteligencia de fuentes abiertas y documentos presupuestarios de la Fuerza Aérea estadounidense. Según estas estimaciones, el coste de reemplazar las aeronaves perdidas supera los 4000 millones de dólares.

El analista cita el testimonio del teniente general David Tabor, subjefe de Estado Mayor para Planes y Programas de la Fuerza Aérea, ante un subcomité del Senado el 12 de mayo. En esa comparecencia, Tabor afirmó que la flota de drones de ataque MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea se había reducido a 135 unidades tras las pérdidas sufridas durante el conflicto. Dado que antes de la guerra contaba con 189 aparatos de este tipo, su declaración sugiere que 54 habían sido destruidos para mediados de mayo.

 

Desde aquella comparecencia de mayo, al menos otros 10 MQ-9 fueron derribados o destruidos en instalaciones militares estadounidenses, según el análisis de Semler. En total, se estima que 64 drones MQ-9 se perdieron durante los primeros siete meses de la guerra, lo que supone un coste de 1.500 millones de dólares, una cifra que Semler considera conservadora.

Las estimaciones también incluyen la pérdida o los daños sufridos por 12 cazas F-15E, un caza furtivo F-35A Lightning II, dos aviones de ataque A-10 Warthog, 10 aviones cisterna KC-135 Stratotanker, un avión de vigilancia y alerta temprana E-3 Sentry, dos aeronaves de operaciones especiales MC-130J Commando II, dos helicópteros de búsqueda y rescate HH-60W Jolly Green II y cuatro drones multipropósito MQ-1, entre otros aparatos.

Semler señala que no fue posible calcular los costes de reparación debido a la falta de transparencia sobre el alcance de los daños sufridos por las aeronaves afectadas.

A principios de octubre, el Servicio de Investigación del Congreso estimó que al menos 81 aeronaves militares estadounidenses habían sido destruidas o dañadas desde el inicio de la guerra contra Irán, con pérdidas valoradas en 3300 millones de dólares.

Durante la tercera guerra impuesta contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026, decenas de aeronaves militares estadounidenses fueron destruidas o dañadas, y los drones MQ-9 concentraron la mayor parte de las pérdidas.

Con un coste estimado de entre 30 y 50 millones de dólares por unidad, dependiendo de su configuración, las pérdidas de estos drones representan miles de millones de dólares en un solo sistema de armas.

Expertos señalan que los misiles, drones y sistemas de interceptación de fabricación iraní han desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la capacidad de disuasión de Irán frente a Estados Unidos y el régimen israelí.

dzp/hnb 

Fuente militar yemení advierte del riesgo de invertir en Aramco


  • La instalación petrolera saudí de Aramco, en Yeda, tras un ataque yemení. (Foto: AFP)

Una fuente militar yemení advirtió a los inversores sobre los riesgos financieros de Aramco y recordó que sus instalaciones siguen siendo objetivos de las FF.AA. yemeníes.

En declaraciones a la agencia de noticias yemení Saba, una fuente militar instó el martes a los inversores en Arabia Saudí a mantenerse alerta ante la “trampa de inversión de Aramco”, al señalar que las instalaciones de la compañía siguen estando en el punto de mira de las Fuerzas Armadas de Yemen.

La fuente advirtió de que el elevado pago de dividendos podría convertirse en una trampa para los inversores si oculta los riesgos subyacentes o genera una falsa sensación de estabilidad a largo plazo.

Señaló que el 97 % de los dividendos repartidos por Aramco son meramente nominales, ya que corresponden a la participación del propio Estado saudí en la compañía y no se distribuyen realmente entre los demás accionistas

Además, señaló que la decisión de la petrolera estatal saudí Aramco de solicitar un préstamo de 10 000 millones de dólares hace necesario revisar su situación financiera, especialmente ante el riesgo de que sus instalaciones puedan ser blanco de ataques.

Según informó Saba, la fuente advirtió de que el “atractivo de los dividendos no debe ocultar los riesgos existentes ni sustituir un análisis riguroso de la situación financiera de la compañía”. Asimismo, subrayó que lo verdaderamente importante es la capacidad de Aramco para generar beneficios y mantener su rentabilidad a largo plazo, y no el volumen de los pagos que realiza actualmente a sus accionistas.

 

En marzo de 2015, Arabia Saudí y sus aliados impusieron un bloqueo a Yemen, dando inicio a una ofensiva militar integral que recibió apoyo en términos de asistencia militar, política y logística de Estados Unidos y varios países occidentales.

Sin embargo, la nueva escalada se enmarca en una ofensiva que comenzó en julio, cuando Riad bombardeó zonas cercanas al principal aeropuerto de Saná, capital de Yemen.

En respuesta a las brutales agresiones saudíes contra zonas residenciales e infraestructuras del país, las Fuerzas Armadas de Yemen han atacado en repetidas ocasiones importantes objetivos económicos y energéticos de Arabia Saudí, en particular instalaciones de Aramco, como parte de sus acciones de represalia. Asimismo, han llevado a cabo varios ataques contra buques vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo.

arz/hnb

Cada hogar estadounidense paga 2147 dólares por la guerra contra Irán


  • Un camión reposta combustible diésel en una gasolinera en Bayonne, Nueva Jersey, 16 de octubre de 2026. (Foto: Getty Images/AFP)

La guerra contra Irán ha costado a cada hogar estadounidense unos 2147 dólares, entre el encarecimiento de la energía, el aumento de la deuda y el gasto militar.

De acuerdo con las estimaciones actualizadas de Moody’s Analytics, hasta el pasado 28 de octubre, la guerra contra Irán había generado un coste aproximado de 2.147 dólares por hogar estadounidense.

La cifra supone un incremento respecto a la estimación publicada por la consultora tres semanas antes, cuando calculó el impacto en unos 2000 dólares por hogar.

Según informó CNN, estos datos ponen de relieve el impacto económico de la guerra y el revés que supone para una de las principales promesas electorales de Donald Trump en 2024: reducir el coste de la vida.

 

Trump sostiene que el encarecimiento de los combustibles constituye un precio insignificante que debe asumirse para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, pese a que, según han reconocido los propios organismos de inteligencia estadounidenses, Teherán no estaba desarrollando armamento nuclear.

Esto ocurre mientras Irán ha reiterado en numerosas ocasiones su rechazo a las armas nucleares, una postura que, según las autoridades iraníes, responde a convicciones teológicas y a un edicto religioso (fatwa) emitido por el Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, que prohíbe la fabricación y utilización de este tipo de armamento.

El mayor impacto económico del conflicto se ha reflejado en el aumento de los precios de los combustibles, provocado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales.

Según las estimaciones de Moody’s Analytics, el fuerte encarecimiento de la gasolina, el diésel, el combustible de aviación y el gasóleo de calefacción ha incrementado en 1227 dólares los gastos energéticos de cada hogar estadounidense.

El segundo mayor impacto corresponde al aumento de los costes de financiación, que ascienden a 559 dólares por hogar. El repunte de la inflación llevó a la Reserva Federal estadounidense a elevar los tipos de interés en septiembre por primera vez en tres años, encareciendo tanto la financiación de los saldos pendientes de las tarjetas de crédito como el acceso a líneas de crédito respaldadas por el valor de las viviendas.

La estimación de Moody’s también contempla otros 361 dólares por hogar en concepto de gasto militar, aunque todavía no se ha hecho pública la magnitud de los daños sufridos por las bases y el equipamiento militar estadounidense.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán. En respuesta, las fuerzas iraníes lanzaron ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados, así como contra bases militares estadounidenses desplegadas en la región.

Posteriormente, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo contundentes ataques contra objetivos estratégicos estadounidenses en distintos puntos de Asia Occidental y anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, una medida que contribuyó a intensificar la presión sobre los mercados energéticos y a elevar los precios internacionales del petróleo.

dzp/hnb

TRAE condena agresión contra autobús escolar en La Romana

 Imputado de lanzar piedra a vehículo de TRAE.

Imputado de lanzar piedra a vehículo de TRAE.

LA ROMANA, República Dominicana.-. El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) condenó la agresión contra uno de sus autobuses escolares en La Romana, cuyo cristal delantero fue roto de una pedrada por un hombre que se desplazaba en una motocicleta, mientras varios estudiantes permanecían a bordo de la unidad.

El director de TRAE, Luis Felipe Cartagena, calificó el hecho como inaceptable y aseguró que la institución dará seguimiento a las investigaciones para que se establezcan las responsabilidades correspondientes y se proceda conforme a lo establecido por la ley.

Informó que, hasta el momento, no se han reportado estudiantes heridos como consecuencia del incidente, ocurrido el pasado jueves 29 de octubre, aproximadamente a las 4:24 de la tarde.

El autobús, identificado con la ficha F-1228 y perteneciente al Distrito Educativo 05-03, realizaba su recorrido habitual cuando un hombre que se desplazaba en una motocicleta protagonizó un incidente de tránsito con el conductor de la unidad.

Vehículo de TRAE con cristal roto.
Vehículo de TRAE con cristal roto.
































Posteriormente, el individuo persiguió el vehículo escolar hasta interceptarlo nuevamente y lanzó una piedra contra el cristal delantero, ocasionando daños materiales al autobús.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia instaladas en la unidad, cuyas grabaciones documentaron lo ocurrido y constituyen parte de las evidencias entregadas por el TRAE a las autoridades para la investigación.

Denuncia y seguimiento del casoTras la agresión, el conductor del autobús presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional en La Romana el mismo día del incidente, con el propósito de que las autoridades investiguen los hechos e identifiquen al responsable.

Asimismo, TRAE interpuso una querella formal contra el agresor, como parte de las acciones legales emprendidas para que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Cartagena reiteró que TRAE da seguimiento al proceso y colabora con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Asimismo, destacó que la seguridad de los estudiantes constituye una prioridad para la institución, por lo que rechazó cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo su integridad durante los recorridos escolares.

El director de TRAE hizo un llamado a los conductores y motociclistas a respetar las normas de tránsito y evitar situaciones de violencia en las vías públicas, especialmente cuando involucran vehículos destinados al transporte de niños, niñas y adolescentes.

La institución reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad y supervisión del transporte escolar, con el objetivo de garantizar que los estudiantes puedan desplazarse de manera segura hacia sus centros educativos y hogares.

Diputados escuchan industriales y empresas comerciales sobre proyecto de prevención y prohibición de mercancías mediante trabajo forzoso


 


SANTO DOMINGO.- La Comisión permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados recibió este lunes representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), para escucharlos en relación al proyecto de ley de prevención y prohibición de mercancías mediante trabajo  forzoso.

Previo al inicio, el presidente de dicha comisión, diputado Charles Mariotti Paz, manifestó que la idea es saber su postura, debido a que varias personas les han externado preocupación por algunos artículos de la iniciativa legislativa remitida por el Senado, del proponente Félix Bautista.

Al agotar su turno, Mario Pujols Ortiz, vicepresidente ejecutivo de AIRD, expuso que los empresarios dan seguimiento para evitar que las mercancías lleguen al país de contrabando.
Asimismo, solicitó que la ley en cuestión tenga las garantías procesales, por lo que deben ser reforzados los criterios de notificaciones y plazos, sin dejar de lado el interés público.

Entiende que el proyecto como está redactado para enfrentar el tema de tránsito amerita otro tipo de herramienta, ya que no se identifica que todo lo que venga esté cubierto de una presunción de trabajo forzoso.

Agregó que como gremio lo que están dando seguimiento es a un tema de incumplimiento fiscal o regulatorio que deriva en contrabando.



En ese aspecto, Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de la ONEC,  calificó de importante la pieza legislativa, señalando que se trata de importadores de productos provenientes de diferentes países, por lo que abogan por un despacho rápido de mercancías.

En ese sentido, solicita un ámbito de equilibrio comercial y citó que si la Dirección General de Aduanas no registra que la mercancía se ha fabricado con trabajo forzoso, que la despache en tres días hábiles.

Asimismo, pidió  que la transición sea segura, que no se aplique la ley a los productos que ya están embarcados, entre otras recomendaciones.
 
Al finalizar la reunión, realizada en el Salón Juan Pablo Duarte, de la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión, Mariotti Paz, comunicó que junto a los miembros defenderán los puntos que entiendan pertinentes. Añadió que  tendrán una retroalimentación  saludable de lo que se pueda lograr.

En uno de sus considerando, el proyecto establece que es interés del Estado dominicano garantizar que el comercio  internacional se realice bajo principios éticos y de respeto a los derechos humanos, evitando que el mercado nacional sea receptor de bienes producidos mediante la vulneración de la dignidad humana.

Tribunal Constitucional celebra audiencia en materia de amparo


 El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, encabezó la audiencia

 Magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional durante la audiencia pública en materia de amparo


SANTO DOMINGO. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) celebró una audiencia pública en materia de amparo para conocer un recurso de revisión constitucional.

El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240, vinculado con la Sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte.

El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, encabezó la audiencia, en la que el Pleno escuchó a la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, y al abogado defensor.

La representante del Ministerio Público recurrió a la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, a los fines de que el TC se pronuncie al respecto. A raíz de ese recurso, esta alta corte fue apoderada del proceso.

En una audiencia anterior, esta alta corte había ordenado la conducencia de la fiscal, debido a que no compareció pese a estar debidamente citada, situación que impidió conocer el proceso en esa ocasión.

El artículo 101 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que, en materia de amparo, si el Tribunal lo considera necesario, podrá convocar a una audiencia pública para una mejor sustanciación del caso.

En la audiencia también estuvieron presentes los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil; Fidias F. Aristy Payano; Sonia Díaz Inoa;  Alba Luisa Beard Marcos; José Alejandro Ayuso; María del Carmen Santana de Cabrera; Manuel Ulises Bonnelly Vega; Army Ferreira, y Amaury A. Reyes Torres.

El Tribunal Constitucional es el garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.