Expertos reunidos en INTEC sostienen que la nueva legislación fortalece las garantías jurídicas para los profesionales de la salud, al tiempo que promueve una mayor responsabilidad institucional y la protección de los pacientes.
REPÚBLICA DOMINICANA.-. El nuevo Código Penal no representa una persecución contra los médicos ni fue concebido para criminalizar el ejercicio de la medicina, sino para establecer responsabilidades claras y fortalecer la seguridad jurídica de todos los profesionales, afirmaron especialistas en bioética y derecho médico durante el panel “Código Penal: ¿avance o amenaza?”, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en conjunto con la Comisión Nacional de Bioética (CNB).
Durante el encuentro los expertos coincidieron en que gran parte de la preocupación generada en el sector salud responde a interpretaciones erróneas del texto legal y a la desinformación que ha circulado en torno a su alcance, por lo que llamaron a analizar la normativa desde la evidencia jurídica y no desde el temor.
“La medicina no es una ciencia exacta. Lo que tenemos que demostrar es que utilizamos todos los medios a nuestro alcance para evitar un desenlace fatal”, explicó la doctora Togarma Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional de Bioética, al señalar que el nuevo Código mantiene como eje la actuación diligente y prudente del profesional y no la penalización automática de resultados adversos.
Rodríguez enfatizó que la legislación no implica una “cacería de brujas” contra el personal médico. “No es que porque llegó la ley van a salir a buscar a todos los médicos como una cacería de brujas para llevarlos presos. Nada que ver con eso”, expresó Rodríguez.
La especialista indicó que el elemento determinante será la capacidad de demostrar, mediante la documentación clínica correspondiente, que el profesional actuó conforme a los protocolos, justificó oportunamente cualquier decisión clínica y empleó todos los recursos disponibles para proteger la vida del paciente.
Uno de los principales cambios que incorpora el nuevo Código Penal, explicaron los panelistas, es la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas, lo que permitirá que hospitales, clínicas y demás instituciones también respondan cuando existan fallas derivadas de deficiencias organizacionales o de gestión, una figura que no contemplaba la legislación vigente.
El abogado Pedro Jiménez, especialista en derecho médico, destacó que la nueva normativa representa un cambio estructural en el sistema penal dominicano. “Verdaderamente hay esperanza. Verdaderamente hay avances”, afirmó al explicar que el nuevo Código sustituye a una legislación con más de 140 años de vigencia por un modelo moderno sustentado en principios constitucionales y garantías expresas.
Jiménez sostuvo que la reforma incorpora, por primera vez, un bloque de principios garantistas que protege tanto a los ciudadanos como a los profesionales que actúan conforme a la ley.
“Del silencio normativo pasamos a un bloque de garantías”, señaló, al explicar que la responsabilidad penal seguirá siendo estrictamente individual, por lo que cada persona responderá únicamente por sus propias acciones u omisiones.
Favorecen espacios de discusión técnica
Los especialistas reconocieron, sin embargo, que algunos artículos podrían requerir ajustes para evitar interpretaciones discrecionales, por lo que respaldaron la apertura de espacios de discusión técnica que permitan perfeccionar la legislación sin detener los avances alcanzados.
Desde la perspectiva bioética, el doctor Miguel Suazo, asesor permanente de la Comisión Nacional de Bioética, docente y Consultor de Bioética del INTEC, sostuvo que el análisis del nuevo Código debe centrarse en el equilibrio entre la protección de los pacientes y las garantías para quienes ejercen la medicina.
“No todo lo legal es moral, ni todo lo moral es legal. La tarea de la ética será tratar de acercar lo moral a lo legal”, expresó el galeno.
Suazo destacó que los principios generales incorporados en la nueva legislación constituyen un referente para fortalecer la protección de la dignidad humana y llamó a ampliar el diálogo incorporando no solo a juristas y médicos, sino también a los pacientes y a otros actores sociales.
Los panelistas coincidieron en que el principal desafío será fortalecer la formación jurídica de los profesionales de la salud, promover una adecuada cultura de documentación clínica y fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitan prevenir la judicialización innecesaria de la relación entre médicos y pacientes.
La actividad, que se desarrolló de manera virtual, fue organizada por la Comisión Nacional de Bioética y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) como un espacio de análisis interdisciplinario para comprender las implicaciones del nuevo Código Penal en el ejercicio profesional y promover un debate sustentado en el conocimiento jurídico, la bioética y la protección de los derechos de los pacientes. La moderación del panel estuvo a cargo de la doctora Selma Zapata, presidenta de la Comisión Nacional de Bioética Inc. (CNB).
