Ahora que el Ministerio Público ha informado que lo ocurrido en La Barranquita de Santiago no fue un intercambio de disparos, sino una «ejecución extrajudicial» por parte de miembros de la Policía Nacional, y cuya acción el vocero de la uniformada, Diego Pesqueira, volvió a calificar como un «intercambio de disparos» (aunque solo los civiles caen abatidos), traigo a colación una nota que leí hace poco, de que la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Brasil, ha aprobado un proyecto de ley que incluye de nuevo bonificaciones económicas extra para los agentes de la Policía Civil que logren requisar armamento de gran calibre y de uso restringido, o bien «neutralicen criminales» durante sus operaciones, y «se me ponen los pelos de punta» el solo hecho de pensar que a algún descabezado (sí, leyó bien, d-e-s-c-a-b-e-z-a-d-o, sin sesera) de los que tenemos en nuestro Congreso Nacional se le ocurra algo parecido.
La enmienda que le cito fue incluida en un proyecto de seguridad más amplio, a petición de algunos diputados socios del gobierno de Cláudio Castro, del conservador Partido Liberal, en cuyas filas se encuentran todos los miembros del clan Bolsonaro.
La izquierda brasileña ha calificado la prebenda como «bono lejano oeste» y ha cuestionado tanto las implicaciones económicas en «un estado en régimen de recuperación fiscal» como las éticas. «Si hay un criminal, que pague bajo el rigor de la ley, no a punta de pistola de un policía», ha defendido la diputada Dani Monteiro.
Reitero mi preocupación porque, en un informe que presentara en 2013, el grupo cívico Participación Ciudadana reveló que, desde 1997 y hasta 2012, estas ejecuciones extrajudiciales habrían cobrado la vida de 4,069 personas en la República Dominicana.
Ojalá que la pausa que ha hecho la uniformada desde «la masacre de La Barranquita» en Santiago, en la que cinco personas fueron ejecutadas de manera sumaria y por la que 11 agentes fueron puestos a disposición de la justicia, se prolongue por mucho tiempo.
El hecho de que estos agentes (de acuerdo con el magistrado Wilson Camacho) se hayan trasladado de la capital hasta la ciudad de Santiago para cometer estos asesinatos nos deja una señal clara de que estamos ante un crimen que el Ministerio Público debe investigar con profundidad y determinar quién o quiénes pagaron para «ejecutar sumariamente» a estos jóvenes.
Todo ciudadano, sea delincuente o no, tiene derecho a ser juzgado por sus hechos por los tribunales ordinarios y no a ser asesinado por grupos de sicarios «enganchados» a la policía.
Entonces viene la pregunta que da título a este artículo: ¿Con la ejecución sumaria de La Barranquita estaría la Policía Dominicana emulando a la brasileña?
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