El Fiero Valenzuela
La forma en que el sistema de justicia dominicano ha conocido el caso
relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye un hecho
relevante para la institucionalidad democrática del país. El proceso se ha
desarrollado sin señales de interferencia del poder político, lo que reafirma el
principio constitucional de separación de poderes.
La denuncia inicial fue presentada por la opositora Fuerza del Pueblo y, a partir
de ese momento, las autoridades judiciales asumieron el caso conforme a los
procedimientos establecidos. El presidente de la República, Luis Abinader,
permitió que los órganos competentes actuaran con autonomía, sin que desde
el Poder Ejecutivo se condicionara, frenara o direccionara el curso del proceso.
Desde una perspectiva histórica, este comportamiento representa una
diferencia sustancial respecto a prácticas observadas en el pasado
reciente. Durante mis años como reportero del Palacio Nacional, desde los
gobiernos de Hipólito Mejía hasta Danilo Medina, rara vez se vio que procesos
judiciales contra personas cercanas al poder avanzaran sin interferencias
políticas evidentes.
El precedente que deja el caso SENASA apunta a un objetivo fundamental:
consolidar un modelo en el que la justicia opere con independencia,
independientemente de quién ocupe el poder. Esto implica dejar atrás una
tradición en la que la política intervenía directa o indirectamente en el
funcionamiento del sistema judicial.
En la actualidad, la República Dominicana muestra señales claras de un
cambio institucional. El Ministerio Público actúa conforme a sus atribuciones
constitucionales y legales, mientras que los tribunales son los únicos llamados
a juzgar y decidir. El Poder Ejecutivo, por su parte, no asume el rol de árbitro ni
de protector de intereses particulares.
Algunos elementos refuerzan esta lectura institucional:
• El presidente Abinader ha manifestado que el Poder Ejecutivo no interfiere en
la selección de los casos que se investigan ni en las decisiones que adoptan
los órganos judiciales.
• El Ministerio Público desarrolla sus actuaciones con apego a la ley y bajo el
control de los tribunales.
• El presidente Abinader no coloca el impacto político de los procesos judiciales
por encima del cumplimiento del debido proceso y la transparencia.
• Que un caso vinculado a una institución estratégica como SENASA sea
conocido por la justicia demuestra que la rendición de cuentas es un principio
operativo.
• Otra de las cosas que ha dejado claro Luis Abinader es que el proceso judicial
no compromete la continuidad ni la estabilidad del servicio, sino que puede
contribuir al fortalecimiento de los controles, la supervisión y la gestión
institucional.
Durante años, situaciones similares se resolvían mediante silencios
administrativos, archivos discrecionales o traslados internos. En el contexto
actual, la aplicación de la ley no distingue entre aliados, funcionarios o
adversarios políticos.
Cuando la justicia actúa con independencia, el Estado de derecho se fortalece
y se refuerza la confianza ciudadana en las instituciones. El caso SENASA,
más allá de sus resultados específicos, se convierte así en una referencia
importante para la consolidación democrática y el respeto a la legalidad en la
República Dominicana.
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