Lula defiende una intervención más decidida de los cuerpos de seguridad en las zonas sometidas al poder de las redes criminales, con la intención de restablecer la presencia del Estado y permitir que los barrios vuelvan a estar a disposición de la población.
El mandatario brasileño tiene previsto también incrementar los recursos destinados tanto a la seguridad pública como al sistema penitenciario. Foto: EFE
La mejora de la seguridad pública figura entre las prioridades del programa de gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para su cuarto mandato. Con ese propósito, su administración impulsa una reforma constitucional orientada a ampliar la participación del Ejecutivo federal en esta materia y reforzar la coordinación con los estados. La iniciativa recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados y fue remitida al Senado el 10 de marzo de 2026, donde continúa su trámite legislativo seis meses después.
Entre los cambios previstos se encuentra una nueva estructura ministerial dedicada exclusivamente a la seguridad, así como el fortalecimiento del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), concebido bajo una lógica de integración semejante a la que rige el Sistema Único de Salud (SUS).
La reforma busca modificar un esquema en el que los estados concentran las principales responsabilidades en esta materia. En paralelo, Lula defiende una intervención más decidida de los cuerpos de seguridad en las zonas sometidas al poder de las redes criminales, con la intención de restablecer la presencia del Estado y permitir que los barrios vuelvan a estar a disposición de la población.
Nuevo marco de actuación para las fuerzas de seguridad
La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública plantea endurecer las medidas contra las organizaciones criminales, incluidas las facciones, las milicias privadas y los grupos paramilitares, mediante un régimen de sanciones más estrictas para sus integrantes y, especialmente, para quienes ocupan posiciones de liderazgo.
El proyecto también contempla mayores garantías de protección para las víctimas de delitos y una ampliación de las competencias de la Policía Federal, que podría intervenir en investigaciones sobre hechos delictivos que trasciendan los límites estatales o las fronteras nacionales.
Otro de los cambios previstos es la reorganización de la Policía Federal de Carreteras (PRF), cuyo ámbito de vigilancia se extendería más allá de las autopistas federales para abarcar también las redes ferroviarias y las vías fluviales. La iniciativa busca, además, mejorar la articulación entre los organismos de seguridad y los distintos niveles de gobierno, al tiempo que refuerza las capacidades de actuación en el ámbito municipal.
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En este último aspecto, la PEC establece un marco constitucional para las guardias municipales como instituciones de seguridad pública local, con facultades para realizar patrullajes comunitarios y efectuar detenciones en flagrancia dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Asimismo, propone fortalecer los mecanismos de supervisión de los cuerpos policiales mediante corregidurías y defensorías del pueblo autónomas, así como incrementar los recursos destinados tanto a la seguridad pública como al sistema penitenciario.
Cárceles de máxima seguridad para limitar el poder del crimen organizado
El plan de seguridad de Lula incluye una reorganización del sistema penitenciario para impedir que los principales jefes de las organizaciones criminales continúen dirigiendo sus actividades desde las cárceles.
Una de las medidas previstas es convertir 138 establecimientos penitenciarios en unidades de máxima seguridad, con condiciones destinadas a restringir la capacidad de comunicación y mando de los líderes de las facciones.
La estrategia contempla reforzar los mecanismos de vigilancia dentro de las cárceles mediante herramientas tecnológicas. Entre ellas figuran drones, escáneres corporales, detectores de metales y sistemas de reconocimiento facial. A estas medidas se suma la instalación de equipos para impedir las comunicaciones mediante teléfonos celulares desde el interior de estos establecimientos.
Brasil cuenta actualmente con cinco establecimientos de máxima seguridad administrados directamente por el Sistema Penitenciario Federal, vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Coordinación nacional para enfrentar al crimen organizado
En el estado de Río de Janeiro, el Gobierno federal busca ampliar el trabajo conjunto con las autoridades estaduales y municipales para reforzar la seguridad en los principales corredores logísticos. La estrategia contempla operaciones coordinadas, intercambio de información de inteligencia, controles e inspecciones en puntos considerados estratégicos, con especial atención al robo de mercancías y al tráfico de armas y drogas.
También se pretende seguir el movimiento financiero de las organizaciones criminales para afectar sus recursos económicos. En septiembre, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Río avanzaron en la elaboración de los primeros planes operativos para estos corredores.
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Esta línea de actuación forma parte de una política federal más amplia contra las estructuras delictivas. En mayo de 2026, Lula puso en marcha el programa «Brasil contra el crimen organizado», dotado con 2.000 millones de dólares, que reúne acciones de inteligencia, investigación y cooperación entre las fuerzas de seguridad.
La iniciativa busca combatir el tráfico de armas y drogas, debilitar económicamente a las facciones, mejorar la investigación de homicidios y reforzar el sistema penitenciario.
El control de las fronteras constituye otro componente relevante de esta estrategia, debido a la extensión territorial de Brasil y a la amplitud de sus zonas terrestres y marítimas. El país cuenta con unos 16.800 kilómetros de frontera terrestre, cerca de 8.000 kilómetros de extensión marítima y alrededor de 5.7 millones de kilómetros cuadrados de aguas bajo responsabilidad brasileña, dimensiones que, en su planteamiento, exigen mayores capacidades de vigilancia y protección.
Durante sus primeros 90 días de ejecución, las acciones integradas movilizaron a más de 25.000 profesionales de seguridad y permitieron realizar miles de detenciones, además de decomisar drogas y armas y bloquear recursos vinculados con actividades criminales.
Bolsonaro y su apuesta por importar el modelo de mano dura de Bukele
El plan de seguridad pública presentado por el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, bajo el nombre «Brasil sin Miedo», reúne 12 propuestas centradas en el endurecimiento de las medidas contra el crimen y en una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. El proyecto incorpora elementos inspirados en la política penitenciaria de El Salvador, país gobernado por Nayib Bukele, especialmente en materia de encarcelamiento y aislamiento de integrantes de organizaciones criminales.
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En el ámbito penitenciario, Bolsonaro plantea levantar cinco nuevos establecimientos federales de máxima seguridad siguiendo el modelo salvadoreño y crear unas 500.000 plazas adicionales en las cárceles durante cuatro años. También propone eliminar la progresión de régimen para quienes sean condenados por delitos considerados graves, de modo que estos reclusos no puedan pasar del régimen cerrado a modalidades de menor restricción.
Asimismo, defiende que grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y las milicias sean considerados organizaciones narcoterroristas, línea modelada por la Administración Trump. A ello suma la reducción de la mayoría de edad penal de 18 a 16 años y plantea aplicar sanciones a partir de los 14 años en casos de delitos graves como homicidio, violación, tortura y tráfico.
Entre las medidas más controvertidas figura además la castración química para condenados por delitos sexuales, así como el respaldo al uso de la fuerza letal contra personas armadas que se enfrenten a los agentes de seguridad. En su discurso electoral, sostiene que quienes se dediquen al crimen únicamente tendrán dos destinos posibles: «cárcel o cementerio».
Fronteras militarizadas y vigilancia tecnológica
Para combatir el tráfico de armas y drogas, la propuesta contempla crear un Sistema Nacional de Fronteras con participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además de reforzar la vigilancia de los puertos. Flávio también ha planteado incorporar a Brasil al Escudo de las Américas, una iniciativa regional promovida por EE.UU. para la supuesta cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El componente tecnológico incluye la creación de una red nacional de videovigilancia con reconocimiento facial. El proyecto denominado «Muralha Brasileira» prevé incorporar más de un millón de cámaras conectadas a bases de datos criminales para facilitar la identificación de sospechosos y personas buscadas por la Justicia.
Autor: teleSUR: idg - JDO
Fuente: Agencias
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