LA PGR indica que las condenas corresponden a los casos del Ministerio de
Hacienda, SEMMA, PRA, OISOE, alcaldías de San Francisco de Macorís y San
Cristóbal, así como a las juntas distritales de Cabarete y La Bija, de Cotuí.
SANTO
DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público logró que fueran condenados 21
funcionarios, empleados y personas vinculadas a casos de corrupción con penas
de hasta ocho años de prisión y el pago de multas por montos que superan los
RD$100 millones, tras ser hallados culpables de delitos de corrupción.
Asimismo
señaló, que como nunca antes visto han sido sometidas decenas de otros
funcionarios y exfuncionarios de altísimo rango para que respondan ante la
justicia en procesos que se encuentran en curso sin importar los gobiernos ni
partidos que hayan pertenecido los mismos.
La
institución indicó que las sentencias condenatorias fueron emitidas este año en
diferentes tribunales del país por los delitos de desfalco contra el Estado,
prevaricación, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
El
procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que seguirán
duplicando los esfuerzos en interés de lograr una mejor administración de los
fondos públicos, fomentar el establecimiento de una cultura de transparencia y
fortalecer cada vez más la lucha contra la corrupción en el país, esperando que
el Poder Judicial haga también su parte.
A través
de un comunicado, la Procuraduría General de la República indicó que las
condenas fueron impuestas luego que el equipo de fiscales adscritos a la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)
demostraran la comisión de los hechos imputados que constituyen una violación a
la Constitución, el Código Penal Dominicano, la Ley No. 6200 del Ejercicio de
la Ingeniería y la Arquitectura, y la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de
Activos.
Una de
las condenas, señala la institución, fue la impuesta por el Tribunal Colegiado
de San Cristóbal en contra del exalcalde de esta provincia, Raúl Mondesí
Avelino, quien fue sentenciado a 8 años de prisión y al pago de una multa de
RD$60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos
públicos.
Explica
que junto a Mondesí el Ministerio Público también logró que fueran sentenciados
el exsecretario de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero
Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados a 7 y 6 años de
reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la inhabilitación
por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente.
La
institución señaló que por igual, tras acoger la petición del Ministerio
Público, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo dictó
una sentencia condenatoria de 5 años de prisión en contra del exalcalde de San
Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Gullón, en tanto que el ex
encargado de nómina, Jerson Neris Lizardo Pérez, fue condenado a 8 años de
reclusión.
Indicó
que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la
condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra de
los encartados en el caso del Seguro Médico para Maestros (SEMMA) Marcelino
Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y Bélgica Olga Díaz Moreno.
Con
relación al caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA), indicó que la
Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
ratificó una condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil
en contra del exdirector de esa entidad, Marcos Lara Lorenzo, y de 2 años de
prisión y el pago de una multa de RD$250 mil en contra de Sauris Rodríguez
Sánchez y Juan Portalatín Castillo.
En otra
decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata condenó a los
exdirectores de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y
Eddy Ramón Morfe, quienes fueron sentenciados a 2 años de reclusión menor y al
pago de una multa equivalente a los valores desfalcados, ascendentes a
RD$831,226.00 y RD$910,297.00 a favor del Estado dominicano.
Se
recuerda que gracias a las diligencias del Ministerio Público, se logró que
dicho tribunal revocara una decisión del Tribunal Colegiado de Puerto Plata
mediante la cual los imputados habían sido descargados de los delitos de
prevaricación y desfalco.
El
organismo persecutor igualmente indica que la Cámara Penal de la Corte de
Apelación de La Vega ratificó una condena de 3 años de reclusión en contra del
exalcalde de la Junta Distrital de La Bija, de Cotuí, Jesús Jiménez
Castro.
De igual
manera, precisó que contra el exdirector y la exsubdirectora del Departamento
de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, Sergio Tulio
SuncarLiriano e Isabel María Soto Santana, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia ratificó una decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional que lo condena a 7 años de prisión e igualmente condena al empleado de
esa entidad ÁngelJosé Castro a 5 años de reclusión.
La
dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría General, indica que la
institución también obtuvo sentencias condenatorias en contra del exdirector
del Departamento de Edificaciones Escolares de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del excoordinador de la Dirección Técnica
de esa entidad, Alejandro Isidoro De Los Santos y Joel Soriano Fabián, quienes
fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a seis
y cinco años de prisión, respectivamente.
En torno
a ese mismo caso de OISOE, detalló que el tribunal también condenó a 5 años de
reclusión a los imputados Ernesto Romero y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo,
éste último quien fue identificado como “El hombre del maletín” o “El hombre de
los anillos”, y que aunque no laboraba para esa entidad, tenía a cargo la
entrega del dinero prestado a contratistas para el avance de la construcción de
las obras.
Casos en letargo fueron reabiertos con resultados
favorables
La
Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría destaca que se lograron
decisiones favorables como resultado de las instrucciones dadas por el
magistrado Jean Rodríguez al Ministerio Público para reabrir y darle
continuidad a casos que se encontraban en un letargo a varios años de haberse
iniciado el proceso judicial.
Destaca
en ese orden, las citadas condenas de 3 y 2 años de prisión y el pago de multas
impuestas a solicitud del Ministerio Público en contra de los encartados en el
caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA).
Igualmente,
expresa que tras varios años de haberse iniciado una investigación contra el
exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor
Rodríguez Pimentel y otras seis personas involucradas de la malversación de
RD$1,500 millones y US$56,479,038.41 de esa institución, el Ministerio Público
logró que se dictara apertura a juicio en su contra.
Junto a
Rodríguez Pimentel también fueron enviados a juicio de fondo por su vinculación
al caso, Príamo Méndez Cuesta, Manuel De La Cruz Martínez, José́ Antonio Pérez
Jiménez, Fior D’ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y
Teodoro Ruiz.
Más casos con apertura a juicio
El
Ministerio Público además logró este año apertura a juicio en contra de los
inculpados José Mercedes Martínez Emeterio, Willis Alberto VilorioSarante y
Basilia Castillo Espinal, en su calidad de alcalde, extesorero y esposa del
exalcalde de Las Terrenas.
Además,
fueron enviados a juicio de fondo el exalcalde del municipio cabecera de la
provincia de La Romana, Juan Antonio Adames, y los extesoreros del cabildo,
Rafael Rocha y Remigio Pilier.
Está
igualmente en fase de apertura a juicio el caso de desfalco de la Dirección de
Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) en el que está
involucrada Octavia Angélica Medina.
Acusaciones
Al exponer
las acciones que lleva a cabo para perseguir y procurar sanción en los casos de
corrupción, la Procuraduría precisa que presentó acusación en contra de los
involucrados en los US$3.5 millones de dólares que habría pagado como sobornos
la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de ocho
aviones SuperTucano.
En ese
expediente figuran como imputados el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro
Rafael Peña Antonio, y el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos
Piccini, así como Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu,
Félix del Orbe, y las empresas Embraer, 4D Group y Magicorp.
Medidas de coerción
La
entidad del Ministerio Público a cargo de la persecución de la corrupción
señala finalmente que mantienen distintas medidas de coerción los 14 implicados
en los US$92 millones dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió que
pagó para obtener contratos de obras en el país.
Resalta
que en un hecho sin precedentes y actuando de forma responsable, las medidas de
coerción fueron solicitadas e impuestas a ÁngelRondón Rijo, Víctor Díaz Rúa,
Conrado Pittaluga, RuddyGonzález, Andrés Bautista, TemístoclesMontás,
CésarSánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez
Hernández, Bernardo Castellanos, Julio CésarValentín, Tommy Alberto Galán y
Alfredo Pacheco Osoria.
La
institución resaltó que dentro del rol del Ministerio Público en materia de
corrupción administrativa, el año 2017 ha sido el año de mayor cantidad de
condenas, más sometimientos y logro de medidas de coerción a funcionarios y
exfuncionarios de relevancia en la historia de la República Dominicana, lo que
marca el inicio de un cambio en el fortalecimiento institucional.
