República Dominicana.- Un grupo de 113 alcaldes y regidores, así como dos jueces, fueron suspendidos de la acreditación de proveedores del Estado.-.
El director general de la institución, Carlos Pimentel, explicó que se trabaja para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En correspondencia con este mandato de la Ley, tanto el Director General de la DGCP, como las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.
“Seguiremos activos, seguiremos vigilantes, para garantizar transparencia, control y lograr que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana”, subrayó Pimentel.
Así lo informó la Dirección General de Contrataciones Públicas, que además informó que también fueron suspendidos otros registros a requerimiento de cuatro funcionarios del Gobierno.-.
Contrataciones Públicas precisó a ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.-.
El director general de la institución, Carlos Pimentel, explicó que se trabaja para identificar a todos los funcionarios que entran en el régimen de prohibiciones para la contratación en la Administración Pública, bajo el amparo de la ley 340-06 para proceder a suspender sus registros de proveedores.
“Como órgano rector y en aras de contribuir a la transparencia e igualdad de oportunidades y evitar conflictos de interés, continuaremos identificando a todos los funcionarios que entran en el régimen de incompatibilidades para proceder a suspender sus registros”, destacó Pimentel.
En correspondencia con este mandato de la Ley, tanto el Director General de la DGCP, como las subdirectoras Crystal Fiallo y Ruth Henríquez, solicitaron la inhabilitación de su RPE, acción que ya fue ejecutada por la institución.
“Seguiremos activos, seguiremos vigilantes, para garantizar transparencia, control y lograr que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana”, subrayó Pimentel.
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