El Salvador rechaza reconocer al Gobierno “golpista” de Perú tras seis días de protestas que se saldaron el sábado con la muerte de dos manifestantes.
Foto AFP
El lunes, el Congreso de Perú destituyó a Martín Vizcarra, con 105 votos a favor de la iniciativa, debido al juicio político que existe contra el mandatario por acusaciones de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua entre 2011 y 2014, y nombró a Manuel Merino presidente interino del país. La destitución y el nombramiento han generado una crisis política en el país suramericano.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha considerado “golpista” al Gobierno interino y asegurado que “desconoce” al empresario Merino como presidente de Perú.
“El Salvador desconoce a Manuel Merino como presidente del Perú (…) El Salvador no reconoce al Gobierno golpista de Merino”, ha indicado Bukele en un mensaje dejado este domingo en Twitter, para luego dar ánimo a los manifestantes a través del mismo medio, con la frase: “¡Fuerza Perú!”.
El mandatario salvadoreño se ha referido a las movilizaciones en los últimos seis días consecutivos y ha apuntado que los peruanos en las calles, “están haciendo a todo el Gobierno golpista renunciar uno por uno”.
El Ejecutivo de Bukele, en un comunicado de prensa, ha repudiado también la brutal represión policial contra los manifestantes y ha denunciado que los agentes de seguridad “vulneraron el Estado de derecho” en Perú y “expulsaron a un presidente constitucional y legítimo”. Asimismo, pidió a las “instituciones peruanas que reconozcan el clamor del pueblo peruano y respeten la democracia”.
La represión policial del sábado dejó al menos dos muertos y varios heridos. La Defensoría Perú pidió a la Fiscalía del país una investigación “inmediata e imparcial sobre todo lo sucedido en las movilizaciones”, incluyendo la represión, los asesinatos y “detenciones arbitrarias”. Igualmente, solicitó al presidente de la República que “se pronuncie sobre la crisis política que vive el país”.
Las organizaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional (Al) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han denunciado, por separado, la “fuerza excesiva ejercida por la Policía contra los manifestantes y periodistas” durante las movilizaciones en Perú.
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