Cepal afirma que aumentaron a 209 millones las personas pobres

La Cepal indicó que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5 porciento.

Foto EFE

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena presentó este jueves la nueva edición del informe anual Panorama Social de América Latina 2020 de la mencionada institución el cual arrojó que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020.

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Bárcenas puntualizó que “la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente”, lo que representa 22 millones de personas pobres más que el año anterior.

“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis", puntualizó la alta funcionaria. 

Al mismo tiempo, Bárcenas agregó que "los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y (...) es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”.

La Cepal precisó en su informe que el desempleo en la región alcanzó al 10,7 porciento de la población debido a al impacto económico generado por la pandemia de la Covid-19.

.La institución regional indicó además que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5 porciento y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7 porciento de la población. La pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos, arrojó el informe.

 

Abinader da el primer palazo que deja iniciados los trabajos de ampliación de la autopista San Isidro

 SANTO DOMINGO ESTE, provincia Santo Domingo, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el acto de inicio de los trabajos de ampliación de la autopista a San Isidro (avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez), obra que tendrá un costo superior a los 800 millones de pesos y que está llamada a contribuir con la solución del caótico tránsito que se registra en esa zona del municipio Santo Domingo Este.

El mandatario, junto al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, dio el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de ampliación de la vía, desde la avenida Charles de Gaulle hasta la base área de San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

En el acto habló el ministro Deligne Ascención, quien  dijo que el presidente Abinader, durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado mes de febrero en la sede del Ayuntamiento de Santo Domingo Este se comprometió con los munícipes a realizar el trabajo que hoy se está iniciando.

Destacó la importancia que reviste la ampliación y prolongación de la vía, y que a continuación de esta se hace imprescindible, debido al crecimiento demográfico que ha tenido el municipio, y al aumento del parque vehicular, además de que la misma generará amplios beneficios a los residentes.

“La ampliación consiste en agregar dos carriles y una acera perimetral de tres metros, para que los ciudadanos puedan caminar y ejercitarse”, explicó.

La vía cuenta en la actualidad con dos carriles, pero los trabajos iniciados incluirán otros dos, para un total de cuatro carriles, dos para cada sentido de dirección.

Con la reestructuración y ampliación de la avenida Rafael Tomás Fernández Domínguez se busca desahogar el tránsito en Santo Domingo Este y hacer menos traumático el trayecto hasta el Distrito Nacional y otros puntos. La ampliación de esta importante vía forma parte del programa de control de tránsito vehicular y descongestionamiento de las vías circundantes.

Descripción del proyecto 

El proyecto contempla la construcción de dos nuevos carriles para aumentar la capacidad vial de dos a cuatro carriles por sentido de circulación, y serán intervenidos 5.13 kms de un carril adicional para girar en intersecciones.

El mismo abarca una sección de 41.70 metros, conformada por dos calzadas de 8.20 metros.

La ampliación contará con isleta central separadora de dos metros, ancho de carriles de 3.50 metros, acera dispuesta a ambos lados para peatones de 1.50 metros, contenes de 0.55 metros, jardinera de 0.45 metros, franja verde de 0.80 metros en ambos lados.

Los cuatro carriles que tendrá la vía estarán dotados de los elementos de señalización y canalización, acorde a las características del tramo existente y a las reglamentaciones técnicas vigentes en el país.

La obra física comprende realizar movimientos de tierra, colocación de sub-base, base y carpeta asfáltica, intervención del sistema de drenaje, construcción de accesos, incluyendo las mejoras en las intersecciones que interceptan el tramo.

La estructura del pavimento será de 10 centímetros de hormigón asfaltico caliente, 25 de base estabilizada y 35 de sub-base mejorada.

A la actividad también asistieron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Julia Drullard; el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, entre otras autoridades.

Comisión bicameral inicia trabajos para la modificación integral de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social

 República Dominicana.- Una comisión de diputados y senadores inició este miércoles los trabajos que buscan que el Congreso Nacional apruebe una reforma integral de la Ley 87-01 que crea el Sistema  

En su primera reunión, el presidente de la comisión, el diputado Agustín Burgos, manifestó que se va a discutir artículo por artículo la Ley 87-01 para hacer una reforma integral de la misma.

“Nosotros tenemos un mandato de una revisión integral de la ley, eso implica que nos están mandando a empezar desde la A hasta  donde lleguemos, artículo por artículo”, precisó Burgos.

En la reunión, la cual se realizó en el Salón Hugo Tolentino Dipp, los miembros de la comisión bicameral aprobaron la metodología que se va a utilizar en el estudio que busca la modificación de la referida ley.

Acordaron también escuchar a los distintos sectores involucrados en la Ley 87-01 para entonces tomar una decisión al respeto

.Además, en la reunión se acordó iniciar con el estudio de la referida ley todos los lunes a partir de las 3:00 de la tarde.

La comisión es un mandato del pleno de la Cámara de Diputados que, preocupados por resguardar los mejores intereses de la mayoría, aprobó conformar la comisión bicameral para producir una modificación integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Juan Dionisio Rodríguez; María Fernández; Eduardo Hidalgo; Pedro Alcántara; Adalgisa Abreu; Francisco Solimán; Margarita Tejeda; Félix Hiciano y Jesús Sánchez y Rafael Castillo.

También estuvieron presentes los diputados Juan Echavarría; Máximo Castro; Omar Fernández; Plutarco Pérez y Otoniel Tejada entre otros miembros e invitados.

Por el Senado participaron los senadores Bautista Rojas Gómez, vicepresidente de la Comisión; Ramón Rogelio Genao; Ginette Bournigal; Ricardo de los Santos; Lía Díaz y José del Castillo Saviñón.

Fiscalía de Santo Domingo Este obtiene condena de 30 años de prisión contra un hombre que envenenó a su expareja

 El feminicida ofreció prepararle un remedio, asegurándole que mejoraría su salud

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo la pena máxima de 30 años de prisión contra un hombre que envenenó con herbicida a su expareja, en septiembre de 2018 en el sector de Villa Mella.

Los jueces Nelson Romero, José Augusto Santos y Yuri Cuevas, del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, acogieron todas las pruebas presentadas por el Ministerio Púbico, que responsabilizan con el hecho de muerte al imputado Cristino de los Santos Figuereo.

El tribunal ordenó que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y que pague, además, una indemnización de tres millones de pesos.

Durante el juicio, la fiscal litigante Ivette Mateo presentó pruebas de la violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 301 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio agravado por las circunstancias de premeditación, asechanza y envenenamiento.

Según las evidencias recabadas por el fiscal investigador Juan Miguel Vásquez Minaya, del Departamento de Litigación Final, de los Santos Figuereo había regresado al país desde Estado Unidos el 29 de septiembre de 2018. Indican que aproximadamente a las 5:00 de la tarde, se presentó a la vivienda de la víctima, ubicada en la urbanización Máximo Gómez, de Villa Mella, en el municipio de Santo Domingo Norte, para tratar con ella un proceso de separación de bienes.

La mujer le manifestó que se sentía aquejada de salud, por un proceso de diabetes que había desarrollado, situación que el agresor aprovechó para ofrecerse a prepararle un supuesto remedio y le aseguró que eso la mejoraría. Sin embargo, el brebaje causó mayores malestares a la víctima, razón por la cual tuvo que ser trasladada al hospital, donde falleció dos días después.

Según el informe de la necropsia, la mujer murió a causa de una intoxicación aguda por ingesta de herbicida.

Senado de México aprueba proyecto de ley de reforma eléctrica

 La iniciativa pasó al Ejecutivo para su promuigación. Su debate devino batalla por la soberanía y contra la privatización.

El Senado de México aprobó la noche del martes, con 68 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo remitió al Ejecutivo para su promulgación.

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Tras una sesión de trabajo por teleconferencia que se extendió más de nueve horas, los senadores de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) defendieron que la iniciativa legal se apega al marco constitucional.

Este fue uno de los argumentos escogidos por la oposición para tratar de bloquearla.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, recordó a los legisladores de la oposición que la Carta Magna no concibe la participación de particulares en ámbitos estratégicos y exclusivos del Estado, como la electricidad.

Monreal y Ana Lilia Rivera (también de Morena) explicaron que fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dotarla de mayor control es defender los intereses del país, a contrapelo de lo dispuesto por los Gobiernos neoliberales, que cedieron el sector a empresas trasnacionales, alegaron.

Explicaron que no se busca excluir a las privadas. Estas pueden operar pero sin privilegios exclusivos, dijeron en alusión a la paradoja de que la CEF debía comprar energía a altos costos a las trasnacionales.

La senadora Jesusa Rodríguez (Morena) enfatizó que la ley prevé revocar los permisos de autoabasto irregulares, como los que permiten que consorcios como Soriana, Walmart y Oxxo tengan electricidad subsidiada, dijo.

En un momento álgido del debate, los senadores José Narro, Napoleón Gómez y Salomón Jara (Morena) manifestaron que a la oposición no le interesa la soberanía nacional y sí que continúen los negocios de las trasnacionales eléctricas.

Ante tendenciosas insinuaciones, el legislador Martí Batres contestó a la bancada opositora que "podrán decir que cumplimos orientaciones del Presidente, pero nunca que cumplimos orientaciones de Odebrecht, de Iberdrola, de Repsol”, ni que “que recibimos sobornos o bonos, como los que dieron a los legisladores que aprobaron la reforma energética de Peña Nieto”, acotó.

Tras su sanción en el Senado, el proyecto de ley pasó al Ejecutivo para su promulgación. Con anterioridad, la reforma había sido aprobada en la Cámara de Diputados (23 de febrero), con balance de 304 sufragios a favor.

Los senadores de la oposición adelantaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

CPI abre investigación sobre crímenes de guerra de Israel en Palestina

La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) anuncia la apertura de una investigación sobre los crímenes de guerra de Israel en la Palestina ocupada.

“Confirmo en el día de hoy la apertura de una investigación sobre la situación en Palestina por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). […] La investigación abarcará crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte que supuestamente fueron cometidos (...) desde el 13 de junio de 2014”, ha afirmado la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, a través de un comunicado emitido este miércoles.

Sin embargo, conforme ha declarado Bensouda en su comunicado, dicha investigación se llevará a cabo “de forma independiente, imparcial y objetiva, sin miedo ni favoritismos”.

Esto mientras el martes, el régimen de Israel estimó que cientos de sus fuerzas estarían sujetos a investigaciones sobre crímenes de guerra por parte de la Corte de La Haya, razón por la cual dijo que intenta “tratar de influir en la CPI” a fin de protegerlas.

Israel teme masivas órdenes de arresto del CPI contra sus líderes | HISPANTV

Israel teme que el fallo de la Corte de La Haya de investigar sus crímenes de guerra resulte en masivas órdenes de arresto contra autoridades de este régimen.

 

A raíz de las reiteradas peticiones de las autoridades palestinas, Bensouda dijo en diciembre de 2019 que había una “base razonable” para abrir una investigación de crímenes de guerra sobre las acciones militares israelíes en la Franja de Gaza, así como sobre la actividad de asentamientos israelíes en la ocupada Cisjordania.

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El órgano judicial dictaminó el 5 de febrero que tiene jurisdicción para investigar las atrocidades cometidas por el ejército israelí en Cisjordania ocupada, la Franja de Gaza y Jerusalén (Al-Quds) donde Israel lleva ocupando desde hace más de 50 años.

De hecho, el régimen de Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, creado en 1998, pero Palestina es un Estado Parte del Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte, desde enero de 2015, por lo que la Fiscalía tendría potestad para investigar los supuestos crímenes, más allá de la nacionalidad de los posibles responsables.

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Venezuela rechaza renovación de decreto que tilda al país como "amenaza inusual" por parte de EE.UU.

"Este decreto es contrario al Derecho Internacional, constituye una afrenta al sistema multilateral y debe ser derogado". indicó la Cancillería venezolana.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles la renovación del decreto por parte de la administración de Joe Biden que cataloga al país suramericano como una "amenaza inusual y extraordinaria".

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"Venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto ilegal bajo el cual el Gobierno de EE.UU. aplica medidas coercitivas unilaterales como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo", indicó el canciller Arreaza.

En el documento proferido por la Cancillería venezolana se ratifica que la medida representa una violación al Derecho Internacional, "este decreto contrario al Derecho Internacional, constituye una afrenta al sistema multilateral y debe ser derogado", agrega.

"Estados Unidos ignora el claro llamado hecho por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, quien instó a levantar de manera inequívoca estas medidas arbitrarias que no se ajustan al Derecho Internacional", expone la Cancillería en Caracas.

El pronunciamiento de las autoridades diplomáticas venezolanas llega después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ratificara que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Washington, "es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela", agregó Biden.

El cuestionado decreto fue impulsado por primera vez por el pasado 8 de marzo de 2015 por el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, que con esa orden empezó el ilegal bloqueo económico, financiero y comercial que EE.UU. ha emprendido contra Venezuela.

Se estima que en las próximas horas, la decisión de Joe Biden sea ratificada y posteriormente publicada en el Registro Nacional y en el Congreso de EE.UU.

Impactos de las ilegales sanciones contra Venezuela

El Decreto dejado por Obama fue el inicio de una serie de sanciones impulsadas por el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, las cuales causaron un impacto en el desarrollo econóico y social de Venezuela. 

En su reciente pronunciamiento ante la legítima Asamblea Nacionmal, el presidente venezolano Nicolás Maduro, denunció que las sanciones han golpeado el salario de los trabajadores, "entre el 2007-2012 el Gobierno obtuvo 56.900 millones de dólares en una economía sana, pero del 2015 al 2018 cayó drásticamente por los ataques (...) el salario económico ha sido uno de los más impactados, así como, nuestras empresas petroleras", acotó.

"Entre los años 2014-2017 la producción de PDVSA cayó un 69 por ciento por las sanciones y bloqueos criminales (...) Duramos 13 meses sin vender una sola gota de petróleo al mundo. pero aún así pudimos mantener la inversión social", expresó el jefe de Estado.

Aludiendo a los impactos de la producción de PDVSA, el presidente aseveró que a causa de las sanciones se han perdido 102.5 millones de dólares y 2.153 millones de barriles en volumen de crudo para refinación y exportación.

"La política criminal de Donald Trump ha sido la de perseguir de forma criminal las cuentas venezolanas, nos han robado más de 43.000 millones de dólares. Esto ha ocasionado un saldo criminal en la vida social del pueblo venezolano", enfatizó el presidente Maduro.

Además de las ilegales sanciones que golpean la economía de la nación suramericana, Washington también emprendió una política para derrocar al Gobierno de Maduro con intentos de golpe de Estado y hasta el ofrecimiento de "recompensa" contra miembros del Ejecutivo venezolano.