SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio
Público y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
realizaron el “1er. Simposio de Justicia Restaurativa: Transformando el Sistema
Penal Juvenil”, con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias,
buenas prácticas e iniciativas innovadoras locales, nacionales y regionales en
materia de justicia juvenil restaurativa, así como para promover el diálogo y
ver la posibilidad de adaptación a las leyes dominicanas en esta materia.
El acto de apertura del encuentro
estuvo encabezado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez; el
presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; la oficial de
Gobernabilidad Democrática del PNUD, Pura Hernández; el ministro de Educación,
Andrés Navarro; la coordinadora general de Cooperación Española, Ana Álvarez, y
el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF),
Eduardo Gallardo.
Las instituciones señalan en un
comunicado de prensa, que la justicia restaurativa contiene un enfoque que
permite restituir los derechos de los victimarios, al enfocarse en la
reeducación a través de las medidas socioeducativas, y de las víctimas al
permitir que se escuchen sus voces, ya que ofrece los espacios para la búsqueda
de acuerdos.
Señalan que desde esa perspectiva
restauradora, la justicia se centra en delitos menores y se basa en la aplicación
de medidas socioeducativas, alternas, restaurativas y terapéuticas e intenta
evitar en la mayor medida la privación de libertad.
Al pronunciar un discurso durante la
apertura, Jean Rodríguez, procurador general de la República, dijo que trabajan
arduamente para hacer más efectivo el sistema penal juvenil, mediante un Plan
de Humanización y la justicia restaurativa que procura la reparación del daño a
las víctimas y la aplicación de sanciones eficaces a los adolescentes en
conflicto con la ley penal.
“Desde el Ministerio Público estamos
realizando una profunda reforma al sistema de atención a jóvenes en conflicto
con la ley, y en esa meta estamos dando pasos importantes para mejorar los
procesos judiciales, procurando además sanciones alternativas como los trabajos
comunitarios y el acceso a programas de educación y otras actividades que
favorezcan la no reincidencia en el delito”, expuso.
Agregó “con más de 500 jóvenes
privados de libertad en la República Dominicana actualmente, los actores del sistema
penal juvenil tenemos una gran oportunidad para inclinar la balanza hacia la
reinserción y rehabilitación de estos adolescentes. Por esta razón, el Programa
de Atención Integral y Reinserción que se encuentra en desarrollo, está
dirigido a humanizar los procesos sancionadores de este segmento de la
población, con miras a una justicia más conciliadora y comunitaria”.
Precisó que en cumplimiento de esa
misión, la Dirección de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría, en
coordinación con la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAI), ha puesto en marcha una
serie de acciones claves, que incluyen un proyecto de remozamiento de las
instalaciones de los centros donde se encuentran internos los adolescentes,
para crear las condiciones que fomenten su rehabilitación y reinserción.
El comunicado destaca que la PGR
cuenta con una Dirección Nacional de Atención Integral de la persona
adolescente en conflicto con la Ley Penal, que a su vez dispone de una Unidad
Coordinadora de Sanciones Alternativas, cuya función es el Control y Ejecución
de las Sanciones o Medidas Alternativas impuestas a los adolescentes por los
tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes del país.
En ese sentido, señaló que dicha
unidad maneja una población de 900 adolescentes. Detalló que en el período
enero 2016 hasta abril 2018, según consta en informe de esa unidad, un total de
416 jóvenes han recibido sanciones alternativas, de los cuales 222 adolescentes
son de sexo masculino de 16 a 17 años de edad.
Indicó que de los 416 casos, la
tipificación más común son robo agravado que registra 117 casos, drogas 108,
golpes y heridas 57, violación sexual 57 y robo simple 34.
Con relación al simposio, que tuvo
lugar en un hotel de la capital, se informó que durante el desarrollo del mismo
fueron realizadas sesiones sobre qué es la justicia restaurativa, ámbito de
aplicación y buenas prácticas a cargo de Esther AgelánCasasnovas, de la Suprema
Corte de Justicia; Víctor Herrero, de la Fundación Tierra de Hombres (en Perú),
y Adriana Ramírez Cover, del Poder Judicial de Costa Rica.
También, sobre el Panorama Nacional: Acciones y
Desafíos, con intervenciones a cargo de Eduardo Gallardo, representante adjunto
de UNICEF; la magistrada Kenya Romero, del Poder Judicial, y Sheilly Núñez, de
la Procuraduría General de la República, así como sobre la coordinación interinstitucional y las alianzas para lograr objetivos,
facilitada por Alberto Padilla, del Consejo
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