Miriam Germán Brito explica, mediante un auto, que los casos habían
sido trasladados a esa jurisdicción sin un parámetro razonable
SANTO DOMINGO (RD). La Procuraduría General asumió lainvestigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de
la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada
en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a
ese delito.
Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devoluciónde los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señala que los
Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y
sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara. Explicó que los
citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros
objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que
haya un procedimiento estandarizado.
Los expedientes incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios
del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI)
por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana
de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino
y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado
por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José
del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo
Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre
Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del
Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el
abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo
de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa
Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley
340.
El procedimiento se trata de una avocación que se ampara en las
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm.
133-11, del 7 de junio de 2011), la cual en su artículo 30, inciso 10, le
otorga al Procurador General de la República la atribución de “asumir,
por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal
de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo
juzgue conveniente al interés público”.
“Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y
comporta el traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no
pudiendo ser devuelto al Ministerio Público originariamente apoderado”,
dice el auto.
Recuerda que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión
integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos
indispensables para la persecución efectiva que demandan. En ese
contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias
dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe
observar por mandato de la ley”.
La procuradora general había pedido a la fiscal del Distrito, Rosalba
Ramos Castillo, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de
corrupción que se encontraban en esa jurisdicción.
Luego otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría
General, en donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.
German Brito plantea que el Ministerio Público toma “todas las medidas
necesarias” con el propósito de “garantizar el cumplimiento efectivo de
uno de los objetivos más relevantes para el órgano de investigación de la
República Dominicana: perseguir con resultados eficientes los casos de
corrupción”.
Recuerda, en uno de su considerando, que la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción define
ese flagelo como “una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias corrosivas para la sociedad”.
Cita a la ONU, además, en la aseveración de que la corrupción “socava la
democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y
permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y
otras amenazas a la seguridad humana”.
Deplora que hasta el momento en República Dominicana los casos de
corrupción se hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas
y sin las herramientas necesarias para instrumentar los procesos a la
altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son
propias del crimen organizado.
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