Las partes volvieron a la mesa de negociaciones en Barbados con el tema del levantamiento de las sanciones y las presidenciales de 2024 entre los puntos principales.
Para Rodríguez, es "auspicioso" que "quienes en el pasado convocaron a la violencia y a solicitar sanciones", en la jornada de Barbados suscribieron un acuerdo para comprometerse "por la paz, por construir un clima de tolerancia política, por respetar el Poder Electoral y los resultados electorales".
El también presidente de la Asamblea Nacional expresó que la suscripción de los dos documentos es un primer paso dentro de la "cultura ciudadana, la tolerancia, la búsqueda de acuerdos, de los diálogos" y un revés para "los llamados a golpes militares".
"Vamos por pasos"
El jefe negociador de la oposición, Gerardo Blyde, mostró más cautela al referirse al alcance real de lo acordado y se refirió la la progresividad que impera en este tipo de conversaciones.
En una entrevista a Circuitos Éxitos, afirmó que los acuerdos van cumpliéndose progresivamente y que, en ese proceso, se anunciará el cronograma electoral y la fecha de las presidenciales.
"Vamos por pasos, las transiciones y las negociaciones no son rendición ni de un lado ni del otro", agregó.
Manifestó que este proceso de acercamientos "ha producido que dos partes se encuentren en una mesa y que pongan dentro de sus intereses una fórmula que permita ir destrabando la economía, y saliendo de la crisis económica, la crisis política y social. Eso va a durar tiempo".
"Este es un primer acuerdo parcial. Faltan muchos puntos que ya han sido contemplados en el memorando de entendimiento firmado en México", agregó.
¿Qué recogen los acuerdos de Barbados?
Con respecto al 'Acuerdo parcial sobre la Promoción del Derecho Político y Garantías Electorales para todos', se establecieron seis puntos y dos numerales aparte que contienen más de una decena de disposiciones.
En líneas generales lo suscrito es lo siguiente:
- Respeto del derecho de cada actor político de seleccionar su candidato a las presidenciales.
- Promoción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de garantías electorales.
- Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024.
- Ejecución de la actualización del Registro Electoral Permanente.
- Desarrollo de todas las auditorias previstas en el sistema electoral venezolano.
- Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
- Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas.
- Requerir a las autoridades la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos.
- Se procurará que estas condiciones electorales se hagan extensivas a otros procesos comiciales.
- Instalación de un mecanismo de seguimiento y verificación.
Una visión compartida sobre el Esequibo y Citgo
En el 'Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación' se establecen cuatro puntos, entre los que se encuentran, la ratificación de los "derechos históricos, soberanos e inalienables" de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba.
Además, se dispone al defensa del "la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966", que consagra que el Esequibo es administrado por Guyana y su soberanía es disputada por Venezuela, hasta que se resuelva algo diferente conforme al tratado, con miras a una solución "práctica, pacífica y satisfactoria para ambas partes", lo que aún no ha sido posible.
En el texto las partes concuerdan en "rechazar las acciones unilaterales de Guyana (…) relacionadas con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación energética en áreas marinas y submarinas pendientes de delimitar entre los dos Estados, incluso en las áreas que son jurisdicción de Venezuela, por ser la proyección natural del territorio".
En los últimos meses, Caracas ha instado al Gobierno del presidente de Guyana, Irfaan Ali, a abandonar su "conducta servil" ante los intereses de la Exxon Mobil, y detener la militarización de la zona, tras la decisión unilateral ese país de convocar a un proceso de licitación para que empresas multinacionales operen en bloques petrolíferos y gasíferos ubicados en territorio marítimo del Esequibo.
El tercer punto de este acuerdo se refiere a la defensa de "los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Petroleum Corporation", mientras que en el cuarto se habla de la defensa de los intereses "vitales y el patrimonio del pueblo venezolano" en el exterior.
Sobre el tema de Citgo, en mayo pasado, desde la Vicepresidencia se calificó como "un escándalo internacional sin precedentes" la decisión de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., que permitía "el remate judicial" de esa refinería petrolera, propiedad del Estado venezolano, al grupo radical de oposición vinculado a Juan Guaidó, que nombró una ilegal junta directiva al frente en 2019.
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