Expresidente boliviano rechaza los delitos de que lo acusa la Fiscalía y alerta sobre un proceso privatizador en marcha para restaurar el Estado colonial

A juicio de Evo Morales, los movimientos populares bolivianos están en la mira del imperio, no del pueblo norteamericano, en su cruzada por satanizar a la izquierda global y presentarla como terrorista. Foto: EFE
El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, rechazó este jueves el mandamiento de aprehensión emitido en su contra por la Fiscalía de Santa Cruz, al tiempo que denunció las presiones del Gobierno de Rodrigo Paz para que sea detenido y lo responsabilizó del actual conflicto que atraviesa el país.
En declaraciones ofrecidas a Radio Kawsachun Coca, Evo sostuvo que la persecución política en su contra fue ordenada por la Administración Trump y es una cortina de humo para desviar la atención de los graves problemas que aquejan al país, con un Gobierno neoliberal sin propuestas sociales, que durante la campaña proyectó medidas en beneficio de las mayorías pero luego las traicionó.
El miércoles, la referida Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el único presidente indígena que tuvo Bolivia, y lo vinculó a los bloqueos de rutas que protagonizaron sectores populares en mayo y junio para forzar la dimisión de Paz. Según la acusación, está señalado —junto a varios dirigentes sindicales que se encuentran detenidos— por presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación publica a delinquir, y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Evo rechazó los cargos y valoró que quienes deben ser juzgados son los causantes del conflicto, los responsables de aprobar diez leyes para privatizar servicios básicos —apreció—, los mismos que generaron el escándalo de la «gasolina basura». Agregó que el actual Gobierno no resuelve nada y a guisa de ejemplo mencionó cómo continúa agudizándose el déficit de divisas y combustibles.
Entre otras razones, esclareció que durante el conflicto no salió del Trópico de Cochabamba, donde permanece protegido. Recalcó que las Seis Federaciones del Trópico no ordenaron bloqueos y protagonizaron una marcha declaratoria de la paz siguiendo la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB).
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Manifestó que dentro de un círculo estrecho el ministro de Defensa (Ernesto Justiniano Urenda) dio el ultimátum a la fuerza pública de detenerlo o matarlo. Destacó la firmeza de las Seis Federaciones, que protagonizaron una movilización masiva y con ello disuadieron al Gobierno de realizar el operativo para aprehenderlo.
Recordó que la Administración Trump, y en particular su actual secretario de Estado, Marco Rubio, ha emprendido una cruzada para calificar a la izquierda como terrorista y de ese modo justificar las agresiones de EE.UU. contra los pueblos. Dejó claro que el documento presentado por Rubio el 16 de julio pasado, en que califica a Cuba como capital mundial del terrorismo de izquierda radical, intenta legitimar una intervención contra la isla caribeña.
Señaló que en ese texto la Casa Blanca menciona a Bolivia. «Estamos en la mira del imperio, no del pueblo norteamericano«. Desde Washington quieren perseguirnos por narcoterroristas y la demanda de la Fiscalía alude a actos terroristas, enfatizó.
No nos perdonan —sostuvo— que hayamos nacionalizado los recursos naturales ni otras medidas que tomamos en beneficio de las mayorías. Refirió que el Gobierno de Paz recibe indicaciones de EE.UU. e incluso han pedido que vengan militares de EE.UU. para detenerlo. Mi delito es impedir que el imperio controle Bolivia, reafirmó.
Enfatizó que el cargo de terrorismo tiene su génesis en una estrategia de los EE.UU. y que cuanto dicen contra él sigue un guion concebido en la Casa Blanca como parte de su proyección hacia América Latina.
Aseveró que el acoso judicial es parte de una ofensiva más amplia contra el movimiento indígena y los sectores sociales, que incluyó socavar la democracia e inhabilitar a los partidos a través de los cuales querían participar en las elecciones presidenciales de agosto de 2025.
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Alertó que se avecina un proceso privatizador con el objetivo de apoderarse del litio, el gas y los recursos naturales. Añadió que se eliminarán los bonos sociales y la oligarquía tratará de restaurar el Estado colonial.
Consideró que la lucha del pueblo va a continuar si las causas de la crisis no se solucionan. Si el Gobierno no cambia de mentalidad, no podrá resolverla, expresó Evo, quien lamentó que el Ejecutivo esté tratando de satanizar y penalizar a quienes proponen cómo mejorar la sociedad.
Por último, ratificó que no lo intimidarán, pues su camino está junto al pueblo y su lucha por recuperar a una Bolivia con dignidad, soberanía, justicia social y la recuperación de la esperanza para todos.
Autor: teleSUR - JDO
Fuente: Radio Kawsachun Coca
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