Las empresas específicamente designadas necesitarán la aprobación del gobierno para cumplir con ciertos requisitos legales extranjeros.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que endurece las restricciones a las empresas estratégicas del país, obligándolas a obtener la aprobación del gobierno antes de emprender ciertas acciones exigidas por la legislación extranjera.
Moscú creó un registro de empresas estratégicamente importantes a principios de la década de 2000 y, desde entonces, ha ampliado gradualmente la normativa que rige sus actividades en el extranjero. La legislación rusa impone límites estrictos a la inversión extranjera, las adquisiciones y el control de dichas empresas, así como a sus operaciones en el exterior.
El registro abarca una amplia gama de empresas de sectores clave de la economía rusa, incluidos gigantes estatales como la corporación energética Gazprom y Ferrocarriles Rusos (RZhD), fabricantes de defensa, importantes bancos respaldados por el Estado y empresas de alta tecnología.
El último decreto presidencial restringe aún más la libertad de estas empresas para operar en el extranjero sin la aprobación del gobierno. Según el servicio de prensa del Kremlin, las restricciones se aplican "si dichas acciones están sujetas a requisitos impuestos por autoridades gubernamentales extranjeras, organizaciones internacionales, alianzas de estados extranjeros o los órganos o instituciones de dichas organizaciones y alianzas, incluidas las autoridades reguladoras y de supervisión, o por legislación extranjera" .
A partir de ahora, las empresas estratégicas, así como sus filiales, solo podrán revelar a las autoridades extranjeras información que sea divulgable según las leyes rusas, así como información relacionada con la emisión y circulación de valores.
Además, las sociedades anónimas estratégicas tendrán prohibido modificar por su cuenta los contratos con sus contrapartes extranjeras, así como enajenar participaciones en entidades extranjeras mediante venta o de cualquier otra forma, deshacerse de propiedades en el extranjero y renunciar a los derechos para realizar negocios en países extranjeros.
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