Mientras América Latina celebra el fin del conflicto violento más largo de la región en Colombia, he visto con mucho dolor y decepción cómo su vecino, y mi otra patria, Venezuela, se acelera rápidamente hacia una guerra civil. Yo viví más de una década en Venezuela, una gran parte de ese tiempo como amiga y asesora informal del presidente Hugo Chávez. Creí firmemente y defendí con fuerza y pasión sus iniciativas para erradicar la pobreza, fortalecer la democracia participativa, redistribuir la inmensa riqueza petrolera de Venezuela y asegurar la salud, la educación y la dignidad de todos los venezolanos. Hoy, muchos de esos programas bandera de Chávez que promovían la justicia social están siendo desdibujados debido a la crisis económica y política que parece seguir en escala incontrolable bajo el Gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro.
Más de 100 venezolanos han muerto durante meses de protestas antigubernamentales, algunos a manos de las fuerzas del Estado y otros por los propios manifestantes, usando armas letales. Las manifestaciones son el resultado de varios factores, incluyendo el descontento con la situación económica del país y la falta de productos básicos de consumo, además de la alta inflación, y lo que muchos ven como una erosión de las instituciones democráticas y la poca transparencia en la toma de decisiones oficiales.
La oposición ni siquiera ha intentado encubrir su objetivo de lograr un "cambio de régimen" y los esfuerzos del presidente Maduro para dialogar se han encontrado con oídos sordos. Un diálogo entre sordos tampoco puede abrir el camino hacia una resolución pacífica a la crisis en el país. Hasta ahora, ningún lado parece realmente dispuesto a negociar con sinceridad y seriedad para lograr una salida antes de que se convierta en la próxima guerra prolongada en la región.
La convocatoria del mandatario Maduro a una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución promovida por el presidente Hugo Chávez y aprobada por la inmensa mayoría de los venezolanos en 1999, ha sido rechazado con fervor por la oposición y ha causado grandes divisiones dentro del movimiento oficialista. Maduro alega que la Asamblea ―prevista para ser electa el 30 de julio― traerá paz a la nación y profundizará los derechos del pueblo y la democracia comunal. Sin embargo, él ha ofrecido razones ambiguas y retóricas para fundamentar esa afirmación, y los críticos de la iniciativa cuestionan cómo se puede lograr la paz si la oposición rechaza participar en este proceso. Los críticos acusan a Maduro de utilizar la Constituyente para perpetuarse en el poder, dado a que los propios promotores de la Constituyente han afirmado que tendrá un poder supremo sobre todas las otras instituciones y poderes constituidos en el país, particularmente sobre la Asamblea Nacional, con su mayoría opositora. Han dicho que podrían hacer leyes y ejecutarlas, y hasta actuar como un suprasistema judicial. Hasta ahora, la Constituyente no tiene una fecha prevista para terminar su trabajo y podría mantenerse activa por un tiempo indefinido. No obstante, los que apoyan el proceso constituyente lo ven como una oportunidad de ampliar los derechos protegidos por la Constitución, incluyendo la formalización de las misiones sociales como derechos constitucionales, y la oportunidad de diversificar la participación de los sectores populares en un diálogo político nacional. Existen sectores a favor y en contra, y aunque está agitando las tensiones, hasta ahora la oposición no ha ofrecido otro escenario más allá de un cambio de gobierno.
La cobertura internacional de las protestas antigubernamentales ha sido abiertamente sesgada y a favor de la oposición. Ni siquiera han intentado mostrar la realidad venezolana de forma balanceada. Las únicas voces representadas en los principales medios internacionales son antigubernamentales y hasta los mismos reporteros no esconden su postura crítica contra el Gobierno de Maduro. Es como si no existieran las millones de personas que siguen creyendo en el proyecto chavista, lo cual es un grave error. Los grandes medios internacionales desestiman y censuran este importante sector, invisibilizando e ignorando su existencia. A cambio, las manifestaciones violentas han sido tratadas como "pacíficas" y "democráticas" en casi todos los medios internacionales. Periódicos de influencia mundial como 'The New York Times' han 'glamorizado' y tratado la imagen de los jóvenes encapuchados con bombas molotov en mano con romanticismo, como si fueran los 'freedom fighters' (luchadores por la libertad) del siglo XXI. Si transportáramos esos manifestantes a las calles de Washington con sus armas letales caseras y su discurso golpista, serían inmediatamente calificados de terroristas, y la reacción del Estado sería sin merced. En Estados Unidos, cualquier manifestante que desobedece la ley o intente protestar sin permiso se enfrenta a la detención y a cargos penales. Si utilizara armas contra las fuerzas estatales o empleara un discurso violento contra el Gobierno o el presidente, pagaría con muchos años de prisión.
La cobertura manipulada sobre la situación en Venezuela no es nada nuevo y forma parte de una estrategia más amplia de justificar alguna intervención o acción para lograr la instalación de un gobierno favorable a los intereses estadounidenses. Siempre hay que recordar que Venezuela es un país petrolero, y no cualquiera. Posee tal vez las más grandes reservas petroleras del mundo y está a pocos kilómetros de la frontera estadounidense. Washington considera los recursos estratégicos de Venezuela como parte de sus intereses, porque están en su zona de influencia y los perciben como necesarios para su seguridad nacional.
Desde antes del golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002, los principales medios internacionales han compartido una agenda de "cambio de régimen" en Venezuela y han moldeado la opinión pública internacional para justificarlo. Y cuando sucedió ese golpe contra Chávez, medios como 'The New York Times', 'Washington Post', 'The Wall Street Journal' y otros aplaudieron esa grave erosión de la democracia en Venezuela, simplemente porque Chávez era inconveniente para los intereses de Washington. No tenía nada que ver con la protección de la democracia y el orden constitucional. El interés de Estados Unidos nunca es la protección de los derechos del pueblo, es el control de los recursos estratégicos. Su alianza con el más grande abusador de los derechos humanos en el mundo, Arabia Saudita, es una prueba contundente de eso. Esto no quiere decir que todo marcha bien dentro de Venezuela, porque no es así. Venezuela tiene sus problemas, y son los venezolanos los que deberían resolverlos dentro de su marco constitucional. Pero la sistemática manipulación de los sucesos en el país para favorecer a la oposición representa un peligro muy grande para la soberanía y la salud democrática de América Latina.
Ahora Donald Trump se ha metido en la tarima contra Venezuela. Es verdad que el senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio tiene su oído y está detrás del incremento de las agresiones contra el Gobierno venezolano, pero no es la única razón. Trump tiene un desprecio total por los latinos y por América Latina. Él es una persona racista y xenófoba. Su odio hacia el presidente Barack Obama no tenía nada que ver con temas políticos ni nada ideológico, porque incluso Trump antes era miembro del Partido Demócrata. Era por su color de piel.
Durante toda su campaña presidencial y ahora como presidente, Trump ha mantenido un discurso totalmente racista y agresivo hacia los latinos. Ha calificado a los mexicanos como "violadores" y "criminales". Su política antiinmigrante está dirigida principalmente a los latinos, y claro, también a los árabes y musulmanes. Ya ha tomado acciones contra Cuba y se ha rodeado por un equipo sumamente conservador, racista y extremamente empresarial, capitalista de lo más salvaje. Y allí está realmente el interés de Trump en Venezuela. Tal como dijo en un discurso durante la campaña cuando mencionó a Irak, él hubiese tomado el control completo de todo su petróleo, sin importar la soberanía de los iraquíes. Igual piensa y planifica sobre Venezuela. Sus múltiples reuniones con dirigentes de la oposición venezolana y con empresarios venezolanos le han dado las garantías para las inversiones de Estados Unidos si ellos lleguen al poder.
Es irónico, porque el Gobierno de Maduro ha gastado millones de dólares en el último año en esfuerzos de 'lobby' a través de su empresa petrolera en Estados Unidos, CITGO, para lograr una buena relación con Trump. Y hasta estuvo dispuesto a abrir a Venezuela aún más a las inversiones estadounidenses, logrando hace poco un acuerdo con Horizontal Well Drillers de Oklahoma, una empresa perforadora de petróleo y gas. Pero no ha sido suficiente para Trump, el autoproclamado maestro del "buen negocio".
La política de Washington hacia Venezuela fue decidida hace años y es una política definitiva. Tanto como nunca reconocieron a Hugo Chávez como un presidente legítimo, tampoco reconocen ni reconocerán a Maduro. Las múltiples sanciones impuestas contra altos funcionarios del Gobierno venezolano muestran que Washington no tiene vuelta atrás en su política hacia Venezuela. Es un hecho. Seguirán fomentando, financiando y apoyando un cambio de régimen.
¿Qué significa esto para Venezuela? Un creciente porcentaje de venezolanos no apoya las manifestaciones violentas de la oposición, que se ha vuelto anárquica y mortal, y no tiene ninguna propuesta alternativa para salvar al país de su crisis. La oposición sigue dividida sin un plan coherente para ofrecer a los venezolanos. Ahora, frente a la inminente Constituyente, la oposición está intentando montar un Estado paralelo, lo cual tampoco puede ser visto como una opción democrática. Pero hay millones de venezolanos que tampoco apoyan al Gobierno de Maduro y quieren un cambio en el país. Más que todo, quieren resolver la situación económica, la cual afecta a todos.
Sin duda, una salida a esta situación incendiaria tendría que ser negociada, con ambos lados haciendo concesiones. No hay manera de salir del conflicto si todas las partes rechazan reconocerse uno al otro. Esto ha sido uno de los principales obstáculos que el país ha enfrentado desde que la oposición intentó derrocar a Chávez en 2002. La oposición tiene que reconocer la legitimidad de la presidencia de Maduro y dejar que termine su mandato en 2019. A cambio, la Asamblea Nacional debería asumir su mandato completo, sin mayores obstáculos y maniobras jurídicas. Las voces moderadas y criticas merecen ser escuchadas, sin tacharlas de "traidores" u "oportunistas". Hay también elecciones retrasadas para gobernadores y alcaldes, que según la Constitución se tienen que realizar. Resulta curioso lo rápido que se pudo organizar la elección de la Constituyente, mientras las elecciones regionales van retardadas desde diciembre 2016 sin ninguna justificación.
Me parece que una negociación que tome en cuenta los derechos de todos de existir y participar en la política del país es una mejor opción que una guerra civil o una intervención extranjera. A Donald Trump no le importa el bienestar de los venezolanos ni sus derechos. Le importa el petrolero, los negocios y el control estratégico de la región. ¿A que la CIA tiene un plan contra el Gobierno venezolano? Obvio. Siempre tiene un plan para proteger los intereses estadounidenses, incluso cuando ni siquiera son estadounidenses, sino intereses deseados. Ahora depende de los venezolanos resolver sus diferencias y evitar que intereses externos se aprovechen de sus debilidades y vulnerabilidades para tomar el control de la situación.
Sería bueno recordar el lema que fue ampliamente promovido al principio del Gobierno bolivariano de Hugo Chávez, "Ahora Venezuela es de todos". Que así sea.
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El ingeniero Federico Antún Batlle
(Quique) aseguró que esa organización está inmersa en los trabajos del “V
Congreso Joaquín Balaguer” a celebrarse el 17 de septiembre próximo, del que
aseguró saldrán fortalecidos “y listos para tomar las calles y los campos con
miras a convertir el PRSC una estructura fuerte con todas las condiciones para
ganar las elecciones”.
