miércoles, 1 de septiembre de 2021

Abinader asegura proyecto de Manzanillo posicionará país en más altos niveles de competitividad

 pública Dominicana.- El presidente Luis Abinader consideró este martes que el proyecto de rehabilitación y ampliación del Puerto de Manzanillo es vital para posicionar a la República Dominicana en los más altos niveles de competitividad a nivel de toda la región.

Luis Abinader, presidente de la República.

Se trata, resaltó, de un macro proyecto que cuenta con una importante inversión para su ejecución por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y que generará cientos de puestos de trabajo directo e indirecto.

Al destacar que es una gran transformación que trae consigo cambios positivos para el país, hizo hincapié en que su construcción dinamizará la economía local, así como la actividad comercial marítima desde y hacia la República Dominicana.

“Es una apuesta por un mundo interconectado y global que traslada mercancías y ofrece servicios en todos los lugares del planeta”, manifestó el presidente Abinader en una reunión de trabajo con el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos.

El mandatario agradeció a los especialistas estadounidenses la ayuda, asesoría y los aportes en la puesta en marcha de este ambicioso objetivo, tan importante para el país de futuro que construye en su gestión.

El presidente Abinader, al dar la bienvenida a los ingenieros de la Armada de los Estados Unidos dijo, “me honro en recibirlos en el día de hoy para abrir un diálogo, en el que les invito a todos ustedes a participar activamente, ofreciendo sus opiniones y todo aquello que pueda ser enriquecedor”, agregó.

Afirmó que la República Dominicana es un país lleno de oportunidades y espacios para la creación, la innovación y el desarrollo del comercio de importación y exportación.

“Un país que se prepara con responsabilidad para encontrarse con un futuro de desarrollo, de igualdad de oportunidades, y en el que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo inversor para lograr la modernización de nuestras infraestructuras esenciales”, indicó.

Transformaciones

El presidente Abinader señaló que cuando con frecuencia le escuchan hablar del cambio, se refiero especialmente a las transformaciones que es necesario poner en marcha desde el Estado para que el proyecto de país que comparten entre todos los dominicanos y dominicanas se encuentre cada vez más cerca.

Además del presidente Abinader, hablaron en la actividad, el encargado de Negocios de los Estados Unidos en el país Robert W. Thomas, quien valoró la importancia de la obra y que se confíe en los ingenieros de la Armada de su país.

También hablaron los ministros de Obras Públicas, Deligne Asenciòn; Energia y Minas, Antonio Almonte; También estuvo presente el Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien coordina, cuyo ministerio coordina estos trabajos.

También estuvieron el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera; el director de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez y el director de la Dirección de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund.

Ministro de Energía y Minas adelanta concluye licitación para auditoría técnica a Punta Catalina

 República Dominicana.- El ministro de Energía y Minas (MEM), Antonio Almonte, informó que concluyó la licitación para realizar una auditoría técnico-forense de la construcción y funcionamiento de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. 


Instalaciones de la planta de Punta Catalina.

El ingeniero Almonte adelantó que la adjudicataria es una prestigiosa firma norteamericana que, incluso, funciona como consultora del gobierno de Estados Unidos en materia de electricidad y que los detalles pormenorizados sobre la adjudicación serían ofrecidos en los próximos días. 

Sobre la licitación financiera de Punta Catalina, el funcionario afirmó que por tercera vez se está haciendo el llamado en medios de comunicación nacionales e internacionales porque en las convocatorias anteriores no ha habido receptividad.   

Al ser entrevistado en el programa radial El Rumbo de la Mañana, el titular del MEM aseguró que está comprometido con que se realice la auditoría financiera de Punta Catalina para que la población sepa, basada en estudios, el costo real del complejo energético.  

El ministro aclaró que las dos veces que fue lanzada la licitación para la auditoría financiera del proyecto de Punta Catalina tuvieron que declararla desierta, tras presentarse una o dos firmas sin las condiciones requeridas, pero que en esta ocasión tienen la expectativa de que se pueda realizar.   

 “Nosotros hemos tenido que aguantar en silencio algunas cosas relativas a Punta Catalina porque no queremos que cualquier declaración o información que ofrezcamos se vea como fruto de un perjuicio, sino que sea la consecuencia de un estudio auditable de lo que ha pasado en esa central termoeléctrica”, dijo.  

Afirmó que el complejo energético está funcionando con normalidad, pero que no le han entregado el certificado de aceptación final de las dos plantas al consorcio constructor, hasta tanto cumplan con algunos requerimientos presentados en la mesa del diálogo que sostienen hace varios meses. 

“Estamos en esa discusión con el consorcio, porque hasta que nosotros no tengamos plena satisfacción en cuanto al funcionamiento de las dos plantas y de algunos subsistemas o equipos, de acuerdo con lo establecido en el contrato de EPC de construcción, nosotros no vamos a entregar el certificado de aceptación definitiva”, expresó Almonte. 

Indicó que esas conversaciones se han mantenido en una fase de bajo perfil para no afectar los posibles acuerdos. 

El Ministerio Público impacta e integra a la ciudadanía en la defensa del Medio Ambiente

 En la conferencia Constitución y Medio Ambiente, Fidel Lorenzo resaltó que la Carta Magna compromete tanto a autoridades como a la población con la preservación de los recursos naturales

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público actúa como depositario de un mandato constitucional para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, en cuyo cumplimiento no se limita a la persecución del delito consumado, sino que articula la participación de la ciudadanía responsable y consciente, afirmó el procurador de corte Francisco Contreras Núñez.

 


El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) hizo la afirmación al participar en la conferencia Constitución y Medio Ambiente, con ponencias de activistas y expertos, organizado por la dependencia de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus), en el marco de la mesa de trabajo conformada por ambas entidades.

 

“Estamos trabajando con diferentes instituciones de la sociedad civil para que se haga realidad una efectiva persecución de los ilícitos ambientales de República Dominicana”, planteó Contreras Núñez, quien sostuvo que esas alianzas estratégicas le han permitido a la institución impactar a la población general, con orientación sobre la trascendencia vital de respetar y cuidar el entorno.

 

El procurador general de corte sostuvo que Proedemaren ejerce la representación y defensa de los intereses del Estado y de la sociedad en materia ambiental.  Afirmó que, desde su rol, la institución promueve la participación corresponsable de la sociedad y de los organismos relacionados con la protección ambiental, guiada por la visión de un Ministerio Público conectado con la ciudadanía.

 

En su turno, el presidente de Fejus, Fidel Lorenzo Merán, expuso la obligación que impone la Carta Magna sobre las instituciones estatales para velar por el respeto a los recursos de la naturaleza, en procura del bien colectivo.

 

“El Estado dominicano tiene la obligación de conservar el equilibrio de los ecosistemas nacionales, la flora, y la fauna; tiene además la responsabilidad de proteger el medio ambiente y de preservar el patrimonio cultural nacional. Así ha sido reconocido y consignado en la Constitución en su artículo 66, que protege los derechos colectivos y difusos”, indicó Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social.

 


Fruto de la mesa de trabajo entre Proedemaren y Fejus, la conferencia Constitución y Medio Ambiente reunió en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal a Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático; Eleuterio Martínez, ingeniero agroforestal, especialista en ecología tropical; así como Contreras Núñez y Lorenzo Merán.

 

Contó con el auspicio del Tribunal Constitucional, la Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Comunidad Cristiana, la UFHEC y la firma Mejía Arcalá.

 

Durante su ponencia, Max Puig indicó que es prioridad para la República Dominicana una ley de ordenamiento territorial para garantizar la protección ambiental como lo establece el artículo 194 de la Constitución.

 

En su turno, Eleuterio Martínez, vicepresidente de la Academia de Ciencias, afirmó durante su ponencia sobre conciencia ambiental que el cuidado del medio ambiente no es solo responsabilidad estatal, pues el compromiso de proteger y cuidar el entorno es de cada persona y que cada quien debe empezar por el espacio en el que vive.

 

La conferencia Constitución y Medio Ambiente se enmarca en el programa Diálogos de Equidad y Justicia, hacia un Estado Constitucional, iniciativa de Fejus creada para empoderar a la ciudadanía a través del conocimiento de la Ley Sustantiva y su aplicación y del fomento del espíritu patriótico en la ciudadanía.

martes, 31 de agosto de 2021

Ministerio Público demostró en Caso Odebrecht que Andrés Bautista García omitió la presentación de bienes en su declaración jurada

 La fiscal Mirna Ortiz dice que las empresas del imputado se prestaron para el lavado de dinero

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora fiscal Mirna Ortiz aseguró este martes que el Ministerio Público demostró que el imputado Andrés Bautista García omitió la presentación de bienes en su declaración jurada y recibió sobornos de Odebrecht, tal como confesó incluso la propia constructora brasileña.

 



La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reiteró que el Ministerio Público demostró que Odebrecht pagó sobornos a los funcionarios, incluyendo a legisladores dentro de los que figura el imputado Bautista García, “no dicho por el Ministerio Público, dicho por las pruebas, dicho por Odebrecht, por todas las pruebas que hemos incorporado al proceso”.

 

La fiscal recordó que la omisión de bienes en una declaración jurada constituye una acción dolosa para un funcionario al que la ley le establece una obligación de presentar todo su patrimonio.

 

“El Ministerio Público presentó las declaraciones juradas que el propio Andrés Bautista depositó, tanto en la Tesorería Nacional, cuando era el organismo encargado de recibir estas declaraciones, como en la Cámara de Cuentas”, apuntó Ortiz, al responder preguntas de los periodistas que cubren el juicio que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

 

“Al ellos (los abogados) no poder debatir la contundencia de este argumento probado por el Ministerio Público, entonces se han inventado estas sartas de cosas que, evidentemente, no guardan relación con lo que está ocurriendo en el tribunal”, precisó.

 

“¿Que Andrés Bautista tenga empresas, que esas empresas funcionen y que sean lícitas? Nunca hemos negado eso. Ahora, estas empresas se prestaron para el lavado de dinero, obtenido como fruto de los sobornos pagados por Odebrecht, eso es lo que el Ministerio Público ha demostrado ante el tribunal”, destacó.

 

En la audiencia de este martes, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo continuaron escuchando a los abogados defensores de Bautista García, acusado de delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

 

Bautista García enfrenta los cargos por su vinculación a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht con el fin de ser favorecida en la licitación de obras públicas en el país.

 

En el proceso figuran como coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

 

En esta etapa final del proceso judicial las partes presentan sus discursos de clausura. El Ministerio Público fue el primero en exponer en audiencias anteriores, solicitando en sus conclusiones que los imputados sean condenados a penas de 10, 7 y 5 años de prisión.

 

También, pidió al tribunal que todos los procesados paguen una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y el pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

 

Posteriormente, presentaron sus discursos los abogados de las defensas de los coimputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y ahora continúan los de Bautista García, quienes de acuerdo al calendario de discusiones seguirán con su exposición los próximos días.

 

Luego continuarán los abogados de los imputados Galán Grullón, Rodríguez Hernández y Pittaluga Arzeno.

El juicio fue suspendido hasta el próximo jueves 2 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

 

 

Oposición venezolana que integra la Plataforma Unitaria participará en comicios del 21N

 En declaración a los medios, los voceros indicaron que participarán en los comicios con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La denominada Plataforma Unitaria, conformada por el sector radical de la oposición venezolana, anunció este martes que participarán en las elecciones previstas para el próximo 21 de noviembre.

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CNE de Venezuela prorroga plazo para inscribir postulantes

A través de un comunicado, difundido por los medios locales, informaron a la comunidad nacional e internacional sobre "nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)".

Esta decisión surge en medio del proceso de diálogo, iniciado el pasado 13 de agosto, entre el Gobierno constitucional venezolano y los sectores de la oposición, que tiene como fin construir un acuerdo para la convivencia pacífica y afianzar los valores democráticos.

Uno de los voceros de este sector, el dirigente Henry Ramos Allup, precisó que la decisión fue tomada tras "un análisis muy consciente y muy profundo" sobre su presencia en los venideros comicios, y que la medida tiene "el visto bueno de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea".

También conocidos como el G4, la declaración incluye a los partidos políticos opositores Acción Democrática (AD), Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, acotó el vocero.

Ramos Allup, que estuvo acompañado por los también opositores Tomás Guanipa, Roberto Enríquez, y otros dirigentes, comentó que sus candidatos acudirán con la tarjeta de la denominada MUD, ya que, según él, las tarjetas de las respectivas agrupaciones están supuestamente "secuestradas", en referencia a los conflictos internos existentes entre los dirigentes de los referidos partidos.

Sobre la participación del exdiputado opositor y autodenominado presidente interino Juan Guaidó en los comicios, Ramos Allup aclaró que "su partido (Voluntad Popular) está participando, él no es un partido".

El pasado sábado, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Pedro Calzadilla, indicó que el plazo de postulaciones de los candidatos para las elecciones regionales y municipales, que finalizaba el 29 de agosto, se extendió hasta el 1 de septiembre.

NOTA: MAS DE 52 MIL RESIDENTES DE CRISTO REY ADQUIRIERON ALIMENTOS BARATOS EN EL INESPRE COMO PARTE DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

 La institución apoyará dicho programa en su proceso de expansión

SANTO DOMINGO. -   Más de 52 mil personas fueron beneficiadas con las ventas de alimentos a bajos costos en el sector de Cristo Rey del Distrito Nacional, a través de las bodegas móviles del Inespre, como parte del Plan de Seguridad Ciudadana que desarrolla el Ministerio de Interior y Policía.

De junio a la fecha el Inespre ha enviado 101 bodegas móviles que han impactado a 13, 040 

familias y a 52, 520 personas residentes en Puerto Isabela II, Las Flores, el Caliche, Cristo Rey 

Sur, Cristo Rey Norte y otras localidades del sector, según datos ofrecidos por la institución.

Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, calificó como positivo y exitoso el trabajo conjunto de varias instituciones en el desarrollo del Plan con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes de Cristo Rey, contribuyendo a la reducción de los niveles de delincuencia y criminalidad en la zona.

Mientras que Obispo de los Santos, subdirector del Inespre y enlace con el Ministerio de Interior y Policía anunció que la institución continuará apoyando dicho programa en su proceso de expansión en los sectores de La Puya de Arroyo Hondo, La Zurza y Ensanche La Fe en el  Distrito Nacional; así como en la provincia de San Francisco de Macorís.

De los Santos indicó que la institución seguirá ofertando una gran variedad de productos frescos y bajos costos a los residentes en dichos sectores.

Obtiene reconocimientos

En otro orden, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) obtuvo un  reconocimiento por parte de la Dirección de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) por alcanzar un alto nivel de cumpliendo a las normativas contables vigentes para el sector público y suministrar informaciones fiables y oportunas, destinadas a la toma de decisión, rendición de cuentas y transparencia.

Esta es la primera vez que la institución recibe este galardón otorgado por la DIGECOG en el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC).

Asimismo la entidad obtuvo una puntuación de 90.5 en el cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) que mide los niveles de desarrollo de la gestión pública, y es realizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), ocupando la posición número 10 entre 366 instituciones del Estado.

Yeni Berenice Reynoso: La acusación del Caso Medusa sigue blindada

 La procuradora adjunta destaca que las nuevas pruebas desnudan un escandaloso sistema de sobornos y chantaje que operaban los imputados

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La acusación del Caso Medusa sigue blindada y después de que los fiscales presentaron la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público viene acumulando cientos de nuevas pruebas, testimoniales y documentales, que evidencian un sistema de sobornos y de chantaje escandaloso que operó la gestión del imputado Jean Alain Rodríguez desde la Procuraduría General de la República.

 


La afirmación la hizo la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, al explicar que el sistema de sobornos y chantaje incluía desde abrir los sobres de los oferentes en las licitaciones hasta chantajear a empresarios suplidores y recibir pagos de sobornos.

 

Reynoso dijo que el Ministerio Público tiene, obtenidas con las correspondientes órdenes judiciales, desde grabaciones hasta conversaciones por mensajería que evidencian los hechos imputados e incluyen “hasta las copias de los cheques que se pagaron”.

 

Explicó que, en su momento procesal, el Ministerio Público establecerá y reiterará todos los términos de su imputación inicial, además de las actividades delictivas que se han agregado.

 

“¿Ustedes saben lo que es que alguien vaya a la Procuraduría a buscar una ayuda y lo que haga la Procuraduría es que le roba la identidad (a la persona) y le haga un contrato falso?”, cuestionó Reynoso en conversación con representantes de la prensa.

 

Dijo que se trata de hechos muy graves, en los que la Procuraduría General de la República, representada en aquel momento por los hoy imputados del Caso Medusa, “no solo destruyó toda la data del Ministerio Público, su data histórica”, sino que generó un perjuicio y creó un riesgo procesal enorme.

 

Recordó que incluso “la data de extradiciones fue destruida”. “Reiteramos que los imputados hicieron un entramado de sobornos y de extorsión que, reiteramos, en su momento, el Ministerio Público, esas evidencias las va a presentar”.

 

Reynoso recordó que el Ministerio Público también tiene las pruebas sobre las imputaciones relativas a todas las maniobras fraudulentas y a los vicios de construcción de recintos carcelarios del denominado Plan de Humanización. “Maniobras fraudulentas que llevaron a que esos presupuestos se ejecutaran por montos exorbitantes, producto, sobre todo, de ese esquema (diseñado) para distraer los fondos del Estado”.

 

“Cuando nosotros decimos que fueron sobrevaluados de forma escandalosa lo del plan de humanización, es porque (...) el Ministerio Público tiene esas evidencias en sus manos”, enfatizó Reynoso, quien encabeza la investigación y litigación del Caso Medusa, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

 

Reynoso se refirió al tema al salir de la audiencia en la que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, reenviaron para el próximo martes el conocimiento de un recurso interpuesto por el exprocurador Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría.

 

El tribunal aplazó el conocimiento del recurso de apelación para el próximo martes 7 de septiembre a las 9:00 de la mañana, luego de acoger la petición de la defensa del exprocurador Rodríguez, a la que se adhirió la representación legal de Forteza Ibarra.

 


“La decisión del tribunal pone en evidencia lo que el Ministerio Público había dicho, y es que una defensa que se pasa semanas haciendo un media tours y hablando sobre un proceso, aquí admite que no lo conoce”, dijo Reynoso.

 

“Lo que ha hecho el tribunal es garantizar el derecho de defensa, porque ante una confesión de la barra de la defensa, de que no conoce los medios, de que no ha podido conocer su propio recurso, lo que nosotros sí decimos, que es vergonzoso y penoso que una defensa, que recurrió aproximadamente hace un mes, que reitero, que anda de medio de comunicación en medio de comunicación, hablando, supuestamente de la imputación, dice entonces en el tribunal no conocerlo”.

 

El tribunal dispuso que la Dirección del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, San Cristóbal (CCR-20) habilite un espacio físico para que los días jueves 2 y viernes 3 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, los abogados de los imputados Rodríguez y Forteza puedan acceder al recinto penitenciario para conciliar los aspectos relativos a la defensa material y técnica. También, que la Dirección del CCR-20 permita a la defensa técnica de los imputados el acceso al recinto penitenciario portando una USB con la cintila probatoria que indicaron al tribunal y un ordenador, tipo laptop, bajo la observación técnica de la autoridad del recinto.