Destaca la formación de los partidos políticos y sus dirigentes en materia de justicia electoral, como una vía para contribuir al fortalecimiento de la democracia
Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) inició este martes su quinto «Diplomado sobre Justicia Electoral», en esta ocasión dirigido a miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre la materia contenciosa electoral y los procedimientos relacionados con la competencia jurisdiccional del esta Alta Corte.
Durante el acto de apertura, el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente del TSE, destacó la importancia de fortalecer la formación de los partidos políticos y sus dirigentes en materia de justicia electoral, como una vía para contribuir al fortalecimiento de la democracia.
“Mi posición ha sido siempre defender la existencia de los partidos, porque parto de una realidad: solo hay partidos políticos donde el régimen es democrático, y sólo hay democracia donde hay partidos políticos. Entonces, estamos obligados a convivir. Busquemos, por tanto, las mejores reglas para esa convivencia”, expresó el magistrado Camacho Hidalgo.
Asimismo, el presidente del TSE resaltó que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional del Tribunal de acercar el conocimiento de la justicia electoral a las organizaciones políticas y contribuir a su fortalecimiento institucional.
“Lo que nosotros queremos con esto es formar a los partidos como instituciones y a sus dirigentes, para que cada día seamos mejores en la defensa y el fortalecimiento del sistema que nos cobija a todos, que es la democracia”, manifestó Camacho Hidalgo.
El diplomado se desarrolla bajo una modalidad híbrida y comprende trece encuentros formativos: dos jornadas presenciales, previstas para los días 29 de septiembre y 10 de noviembre, y once encuentros virtuales programados para los días 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre, así como el 3 y 5 de noviembre.
En el acto inaugural contó con la asistencia de destacadas figuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción; Deligne Ascensión Burgos, primer vicepresidente nacional y presidente ejecutivo; Juan Garrigó Mejía, secretario general; Alexis Isaac Jiménez González, viceministro de la Presidencia, y Radhámes García González.
La presentación del primer tema estuvo a cargo del magistrado Pedro Pablo Yermenos Forastieri, quien abordó la «Introducción a la Justicia Electoral y Generalidades de Apoderamiento de los Órganos Contenciosos Electorales», como parte del programa académico diseñado para proporcionar a los participantes herramientas y conocimientos sobre los mecanismos y procedimientos de la justicia electoral.
Entre los temas que serán abordados durante el diplomado figuran: «Introducción a la Justicia Electoral y Generalidades de Apoderamiento de los Órganos Contenciosos Electorales»; «Medios de Impugnación ante Juntas Electorales y OCLEE»; «Medios de Impugnación ante el Tribunal Superior Electoral»; recursos de apelación contra decisiones de juntas electorales y oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior; recursos de apelación comunes contra decisiones de juntas electorales; recursos contra las sentencias de órganos contenciosos electorales; planificación de los procesos electorales; incidentes del contencioso electoral y procedimientos constitucionales en materia electoral.
También se desarrollarán los temas relativos a la aplicación de principios constitucionales electorales a la resolución de conflictos electorales; análisis de jurisprudencia; estructuración de sentencias; Derecho Penal Electoral Dominicano; Derecho Administrativo Electoral, y Justicia Electoral Inclusiva y Accesible con Enfoque de Género.
El diplomado está coordinado por el Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED) del Tribunal Superior Electoral.
Roger Mariaca y el fiscal cruceño Alberto Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto cruceño en un operativo aún sin explicación oficial sobre motivos y responsables.
De acuerdo con información preliminar, ambos funcionarios fueron interceptados dentro de la terminal aérea y posteriormente aprehendidos por efectivos cuyo origen institucional aún no ha sido esclarecido. Foto: El Deber.
La Fiscalía de Bolivia denunció este miércoles el “secuestro” del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, hecho registrado durante la noche en el Aeropuerto Internacional deViru Viru, en el departamento cruceño.
De acuerdo con información preliminar, ambos funcionarios fueron interceptados dentro de la terminal aérea y posteriormente aprehendidos por efectivos cuyo origen institucional aún no ha sido esclarecido. Hasta el cierre de esta nota no existe un comunicado oficial que identifique qué fuerza ejecutó el operativo ni bajo qué mandamiento se actuó.
Tampoco se conoce el motivo formal de las aprehensiones, si pesan órdenes judiciales previas contra Mariaca y Zeballos, ni el lugar al cual fueron trasladados tras su retención en el aeropuerto. El hermetismo en torno al hecho alimenta múltiples interrogantes en un momento sensible para la vida democrática del país del altiplano.
Luego de la aprehensión se registró un intenso movimiento policial en el aeropuerto cruceño, con presencia de efectivos de la Interpol, donde se restringió el acceso a la prensa.
La policía también intervino la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y allanó el domicilio de Mariaca en la zona norte de la capital cruceña.
Mariaca y Zeballos forman parte de la lista de los funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos quitó su visa de ingreso a ese país con el argumento de que se impedía el ingreso a personas vinculadas con la corrupción y el narcotráfico.
Nuevo fiscal interino
Tras los hechos ocurridos durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, autoridades bolivianas hicieron un anuncio a primera hora de la mañana.
Se designó a Luis Montaño como nuevo fiscal general interino de Bolivia, mientras que Mabel Andrade obtuvo el cargo de fiscal departamental interina en sustitución de Alberto Zeballos.
Por ahora, los fiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos fueron trasladados a El Alto para ser procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico, siguiendo el guion impuesto por los Estados Unidos tras la investigación de Mariaca contra Fernando Cerimedo.
Suceso sigue en desarrollo…
Autor: TeleSUR -MS
Fuente: TeleSUR - Fiscalía General de Bolivia - Red Uno
Lula defiende una intervención más decidida de los cuerpos de seguridad en las zonas sometidas al poder de las redes criminales, con la intención de restablecer la presencia del Estado y permitir que los barrios vuelvan a estar a disposición de la población.
El mandatario brasileño tiene previsto también incrementar los recursos destinados tanto a la seguridad pública como al sistema penitenciario. Foto: EFE
La mejora de la seguridad pública figura entre las prioridades del programa de gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silvapara su cuarto mandato. Con ese propósito, su administración impulsa una reforma constitucional orientada aampliar la participación del Ejecutivo federal en esta materia y reforzar la coordinación con los estados.La iniciativa recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados y fue remitida al Senado el 10 de marzo de 2026, donde continúa su trámite legislativo seis meses después.
Entre los cambios previstos se encuentra una nueva estructura ministerial dedicada exclusivamente a la seguridad, así como el fortalecimiento del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), concebido bajo una lógica de integración semejante a la que rige el Sistema Único de Salud (SUS).
La reforma busca modificar un esquema en el que los estados concentran las principales responsabilidades en esta materia. En paralelo, Lula defiende una intervención más decidida de los cuerpos de seguridad en las zonas sometidas al poder de las redes criminales, con la intención de restablecer la presencia del Estado y permitir que los barrios vuelvan a estar a disposición de la población.
Nuevo marco de actuación para las fuerzas de seguridad
La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública plantea endurecer las medidas contra las organizaciones criminales, incluidas las facciones, las milicias privadas y los grupos paramilitares, mediante un régimen de sanciones más estrictas para sus integrantes y, especialmente, para quienes ocupan posiciones de liderazgo.
El proyecto también contempla mayores garantías de protección para las víctimas de delitos y una ampliación de las competencias de la Policía Federal, que podría intervenir en investigaciones sobre hechos delictivos que trasciendan los límites estatales o las fronteras nacionales.
Otro de los cambios previstos es la reorganización de la Policía Federal de Carreteras (PRF), cuyo ámbito de vigilancia se extendería más allá de las autopistas federales para abarcar también las redes ferroviarias y las vías fluviales. La iniciativa busca, además, mejorar la articulación entre los organismos de seguridad y los distintos niveles de gobierno, al tiempo que refuerza las capacidades de actuación en el ámbito municipal.
En este último aspecto, la PEC establece un marco constitucional para las guardias municipales como instituciones de seguridad pública local, con facultades para realizar patrullajes comunitarios y efectuar detenciones en flagrancia dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Asimismo, propone fortalecer los mecanismos de supervisión de los cuerpos policiales mediante corregidurías y defensorías del pueblo autónomas, así como incrementar los recursos destinados tanto a la seguridad pública como al sistema penitenciario.
Cárceles de máxima seguridad para limitar el poder del crimen organizado
El plan de seguridad de Lula incluye una reorganización del sistema penitenciario para impedir que los principales jefes de las organizaciones criminales continúen dirigiendo sus actividades desde las cárceles.
Una de las medidas previstas es convertir 138 establecimientos penitenciarios en unidades de máxima seguridad, con condiciones destinadas a restringir la capacidad de comunicación y mando de los líderes de las facciones.
La estrategia contempla reforzar los mecanismos de vigilancia dentro de las cárceles mediante herramientas tecnológicas. Entre ellas figuran drones, escáneres corporales, detectores de metales y sistemas de reconocimiento facial. A estas medidas se suma la instalación de equipos para impedir las comunicaciones mediante teléfonos celulares desde el interior de estos establecimientos.
Brasil cuenta actualmente con cinco establecimientos de máxima seguridad administrados directamente por el Sistema Penitenciario Federal, vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Coordinación nacional para enfrentar al crimen organizado
En el estado de Río de Janeiro, el Gobierno federal busca ampliar el trabajo conjunto con las autoridades estaduales y municipales para reforzar la seguridad en los principales corredores logísticos. La estrategia contempla operaciones coordinadas, intercambio de información de inteligencia, controles e inspecciones en puntos considerados estratégicos, con especial atención al robo de mercancías y al tráfico de armas y drogas.
También se pretende seguir el movimiento financiero de las organizaciones criminales para afectar sus recursos económicos. En septiembre, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Río avanzaron en la elaboración de los primeros planes operativos para estos corredores.
Esta línea de actuación forma parte de una política federal más amplia contra las estructuras delictivas. En mayo de 2026, Lula puso en marcha el programa «Brasil contra el crimen organizado», dotado con 2.000 millones de dólares, que reúne acciones de inteligencia, investigación y cooperación entre las fuerzas de seguridad.
La iniciativa busca combatir el tráfico de armas y drogas, debilitar económicamente a las facciones, mejorar la investigación de homicidios y reforzar el sistema penitenciario.
El control de las fronteras constituye otro componente relevante de esta estrategia, debido a la extensión territorial de Brasil y a la amplitud de sus zonas terrestres y marítimas. El país cuenta con unos 16.800 kilómetros de frontera terrestre, cerca de 8.000 kilómetros de extensión marítima y alrededor de 5.7 millones de kilómetros cuadrados de aguas bajo responsabilidad brasileña, dimensiones que, en su planteamiento, exigen mayores capacidades de vigilancia y protección.
Durante sus primeros 90 días de ejecución, las acciones integradas movilizaron a más de 25.000 profesionales de seguridad y permitieron realizar miles de detenciones, además de decomisar drogas y armas y bloquear recursos vinculados con actividades criminales.
Bolsonaro y su apuesta por importar el modelo de mano dura de Bukele
El plan de seguridad pública presentado por el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, bajo el nombre «Brasil sin Miedo», reúne 12 propuestas centradas en el endurecimiento de las medidas contra el crimen y en una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. El proyecto incorpora elementos inspirados en la política penitenciaria de El Salvador, país gobernado por Nayib Bukele, especialmente en materia de encarcelamiento y aislamiento de integrantes de organizaciones criminales.
En el ámbito penitenciario, Bolsonaro plantea levantar cinco nuevos establecimientos federales de máxima seguridad siguiendo el modelo salvadoreño y crear unas 500.000 plazas adicionales en las cárceles durante cuatro años. También propone eliminar la progresión de régimen para quienes sean condenados por delitos considerados graves, de modo que estos reclusos no puedan pasar del régimen cerrado a modalidades de menor restricción.
Asimismo, defiende que grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y las milicias sean considerados organizaciones narcoterroristas, línea modelada por la Administración Trump. A ello suma la reducción de la mayoría de edad penal de 18 a 16 años y plantea aplicar sanciones a partir de los 14 años en casos de delitos graves como homicidio, violación, tortura y tráfico.
Entre las medidas más controvertidas figura además la castración química para condenados por delitos sexuales, así como el respaldo al uso de la fuerza letal contra personas armadas que se enfrenten a los agentes de seguridad. En su discurso electoral, sostiene que quienes se dediquen al crimen únicamente tendrán dos destinos posibles: «cárcel o cementerio».
Fronteras militarizadas y vigilancia tecnológica
Para combatir el tráfico de armas y drogas, la propuesta contempla crear un Sistema Nacional de Fronteras con participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además de reforzar la vigilancia de los puertos. Flávio también ha planteado incorporar a Brasil al Escudo de las Américas, una iniciativa regional promovida por EE.UU. para la supuesta cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El componente tecnológico incluye la creación de una red nacional de videovigilancia con reconocimiento facial. El proyecto denominado «Muralha Brasileira» prevé incorporar más de un millón de cámaras conectadas a bases de datos criminales para facilitar la identificación de sospechosos y personas buscadas por la Justicia.
