Canciller Miguel Vargas clama en la OEA por salida negociada a la crisis venezolana

Santo Domingo.- El Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, invocó hoy en nombre del gobierno dominicano, durante la reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, la necesidad de que en Venezuela se permita “un espacio amplio a las partes en conflicto para que puedan negociar una salida justa a la crisis, bajo el entendido de que no se trata de una voz solitaria clamando en el desierto, sino la expresión de nuestros pueblos”.

Una nota del Mirex destaca que dentro del marco de la reunión, el Canciller Vargas fue designado a unanimidad, vicepresidente de la Vigésimo-novena consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, actividad que se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta.  

Al hacer uso de la palabra durante la actividad, el Canciller Vargas expresó que plantear una salida al margen de cualquiera de los sectores involucrados, “constituye una pérdida de tiempo y un cortejo a la continuación de un tranque político que sólo garantiza el caos, la violencia y la ingobernabilidad”.

En ese orden, el funcionario dominicano dijo que los factores antes citados mantienen actualmente a Venezuela sumida en una profunda crisis que repercute en el estado de bienestar de unos 30 millones de ciudadanos.

A su juicio, Venezuela está urgida hoy más que nunca de un acuerdo de reconciliación nacional que la reconduzca por un estado de convivencia pacífica, “y eso sólo puede lograrse a través de una negociación de amplio espectro que involucre a las dos partes enfrentadas”.

“La única responsabilidad que no puede obviarse, y mucho menos delegarse, involucra a todos los países del hemisferio en el compromiso de evitar la repetición de acontecimientos violentos que han marcado nuestra historia por más de cinco siglos, y para lograr eso es imprescindible que nos despojemos de sectarismos y nos dejemos llevar por la buena fe y el sentido común”, subrayó.

Recordó que América Latina ha sido pródiga “provocando estados de violencia que nos han causado heridas profundas difíciles de restañar”, ya generando revoluciones, gloriosas gestas independentistas y/o hechos heroicos “que enorgullecen nuestras páginas”.

Agregó que, sin embargo, la región también ha sido desgarrada por guerras intestinas, “luchas entre nosotros mismos, conflictos crueles entre hermanos….”.

A modo de ejemplo, el Canciller Vargas recordó lo acontecido en la República Dominicana, la que tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Trujillo, el 30 de mayo de 1961, el 20 de diciembre de 1962, “elegimos el primer gobierno democrático, pero siete meses después ese gobierno legítimo fue destituido por un golpe de Estado cuartelario que contó con el apoyo de grupos políticos de la oposición”.

Dijo que como consecuencia de la interrupción del gobierno democrático encabezado por el presidente Juan Bosch, “bastaron 18 meses para que el pueblo se lanzara a las calles reclamando el retorno de la constitucionalidad, y en cuestión de horas nos hallábamos en medio de una guerra civil con miles de muertos entre nosotros mismos y una consecuente intervención militar de los Estados Unidos que vulneró nuestra soberanía”.

“Lo que deseo testimoniarles es que de una guerra fratricida un pueblo no se recupera, porque deja sangre entre hermanos que no seca jamás…”, manifestó finalmente el Canciller, con la petición de que se debe evitar “esa tragedia a nuestros hermanos venezolanos”.

La reunión

Previo al inicio de los debates, fueron presentados dos proyectos de resolución sobre la situación de Venezuela, dos proyectos de resolución sobre la situación de Venezuela, la primera sustentada por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá proponiendo que la OEA inste al Gobierno de Nicolás Maduro a frenar la convocatoria de la Asambla Constituyente "en la forma en que

 está concebida actualmente", así como a suspender los enjuiciamientos de civiles por tribunales militares, entre otros aspectos.

La otra, de Antigua y Barbuda también insiste en poner fin al proceso de la Asamblea Constituyente convocado por Maduro hace unas semanas, el que prevé elegir un total de 545 corredactores de una nueva Constitución para el país.