Almelina Carrillo pasaba cerca de una marcha pro-gubernamental cuando Jesús Albi le lanzó una botella con agua congelada, después que un opositor llamara a "neutralizar" así al chavismo.
Brayan Principal, de 14 años, recibió un disparo mortal cuando un grupo de derecha irrumpió violentamente en un urbanismo, construido por el chavismo, en Lara, en el occidente de Venezuela. A Miguel Castillo, opositor, lo asesinaron con un disparo a quemarropa, presuntamente dentro de la misma marcha en la que participaba. A Niunar Sanclemente, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo mataron con un disparo en el tórax mientras controlaba el orden público en una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro. La lista continúa y ya acumula 42 víctimas fatales.
Desde que la oposición llamó a las calles a exigir la salida de Maduro, a quien tildan de "dictador", la Fiscalía contabiliza más de 700 heridos y más de cuatro decenas de víctimas fatales, entre ellas, sólo cuatro por exceso de las autoridades y cuyos responsables ya han sido condenados por la justicia. Pero la mayoría de las personas que fallecieron ni siquiera participaban en las movilizaciones de derecha. ¿Por qué se omite esa realidad?
Río revuelto
Hace seis semanas inició la escalada ininterrumpida de la oposición para mantener a sus adeptos en las protestas: "Otro día de resistencia. Otro día más de problemas para Maduro. De esto se trata: que termine de entender que no va a poder gobernar así", escribió el 20 de abril en sus redes el vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien ha tomado la batuta de las convocatorias, Freddy Guevara. El mismo día de su tuit murieron 14 personas, nueve de ellas electrocutadas mientras intentaban saquear una panadería en una zona popular de Caracas.
Sin embargo, todas las víctimas han sido presentadas por medios internacionales como "muertos por la represión" y la derecha ha señalado sin miramientos al gobierno de ser responsable de cada uno de los fallecidos. La omisión de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, como la presunta actuación de bandas armadas dentro de la derecha, al menos, da qué pensar.
El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, ha sido una de las voces más enfáticas en denunciar la presencia de sujetos armados en las manifestaciones de la oposición que tienen un propósito claro: "ocasionar víctimas mortales, desnaturalizar las marchas y enlutar la nación".
Para Saab, en casos como el del GNB asesinado Niumar Sanclemente en Lara; del adolescente Brayan Principal, en Caracas; de los jóvenes opositores Carlos Moreno, Juan Pernalete, Armando Cañizalez y Miguel Castillo, también en la capital venezolana; así como de Paola Ramírez, cuyo homicida es Iván Alexis Pernía Pérez, un militante del partido opositor Vente Venezuela en Táchira; "se revela el sistemático uso de pistoleros y francotiradores".
De las 42 víctimas fatales, al menos 27 fallecieron con disparos certeros; la mayoría en la cabeza o en el tórax. En la lista de Saab también figuran los nombres de Jesús Sulbarán, Luis Alberto Márquez y Anderson Dugarte, quienes compartían un denominador común: eran chavistas, murieron por acción de un arma de fuego y residían en el estado Mérida, en la región andina de Venezuela.
Funcionarios condenados
El balance más reciente del Ministerio Público contabiliza a 844 personas lesionadas, de las cuales 408 fueron reportadas "en investigaciones de delitos comunes". Los funcionarios de las fuerzas de orden público, responsables de agresiones, han sido imputados por la Fiscalía y, varios de ellos, sentenciados como el sargento segundo del Ejército, Elvis Manuel López Hidalgo, de 21 años, condenado por atropellar a la estudiante de medicina Aliz Whaskier (25), durante una protesta opositora en Guárico, en el centro del país.
En los casos de Daniel Queliz, Gruseny Canelón, Christian Ochoa Soriano, manifestantes opositores que fallecieron por la comprobada acción desproporcionada por las fuerzas de orden público, la F
iscalía ha imputado a los señalados por la comisión de estos hechos y los tribunales han emitido las órdenes de aprehensión correspondientes.
"Se ha hablado de abuso y todas las pruebas que se han consignado se han procesado. De esos 105 detenidos, hay 21 funcionarios, porque está comprobado que cometieron abuso del uso de las fuerzas de seguridad. Serán enjuiciados y van a quedar en la cárcel como tiene que ser", declaró a mediados del mes pasado el presidente Maduro, citado por Notitarde.
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