Este miércoles está convocada una manifestación contra el agresivo plan de shock impuesto por el mandatario libertario.
Las críticas al protocolo antiprotestas anunciado por el gobierno libertario de Javier Milei siguen multiplicándose en Argentina, un día antes de que parte de la ciudadanía salga a las calles para manifestarse en contra del agresivo plan de shock impuesto por el mandatario.
Este martes, el opositor gobierno de la provincia de Buenos Aires, de lejos la mayor en términos de población, desafió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo que no piensa aplicar su "protocolo de orden público", que incluye el uso de las fuerzas federales para despejar las vías y las calles que queden bloqueadas por los manifestantes.
"A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta", dijo el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a radio La Red.
El protocolo establece que las fuerzas solo actuarán en las "vías de jurisdicción federal" y no aclara qué pasará con las fuerzas de seguridad provinciales que no quieran acatarlo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que cada gobernador será "responsable por el acatamiento o no del protocolo", y que en caso de que no lo haga, "deberá dar las explicaciones" pertinentes a sus ciudadanos.
Por el estallido social de 2001
Bullrich tendrá su primer gran desafío este miércoles, cuando está convocada la marcha en conmemoración del 19 y 20 de diciembre de 2001, en la que grupos piqueteros y organizaciones políticas de izquierda recordarán la gran crisis social y económica que atravesó el país.
Las agrupaciones ratificaron que se movilizarán a pesar de las advertencias del gobierno de que no se corten las calles, no solo por el aniversario del estallido, sino además para protestar contra las primeras medidas económicas de la gestión de Milei.
El "protocolo de orden público" de Bullrich es considerado como una medida que criminaliza la protesta social y violenta derechos constitucionales, denuncian organizaciones y dirigentes políticos.
El martes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, advirtió que quienes corten las calles dejarán de percibir planes de asistencia, lo cual añadió más leña al fuego.
"Perseguir a los líderes"
El protocolo incluye también la aplicación de las leyes, que contemplan hasta penas de prisión, el cobro de los gastos que suponga la intervención de las fuerzas de seguridad e incluso la eventual deportación, en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.
La oenegé Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció este miércoles que había denunciado el protocolo ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con más de 1.700 firmas de organizaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y gremios, para "exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas".
"El protocolo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta", denuncia el CELS en un comunicado.
"A su vez, contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas", agrega.
"Vulnera la libertad sindical"
La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), que reúne a los sindicatos peronistas y apoyó la candidatura de Sergio Massa en las elecciones, aseguró en un duro comunicado que el protocolo "vulnera el ejercicio efectivo" de la libertad de expresión y la libertad sindical.
"La medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical", agregó.
El protocolo también desató las alarmas entre algunos abogados y funcionarios judiciales.
En declaraciones al diario Perfil, el abogado constitucionalista Andrés Gil, advirtió que "el derecho a la protesta pacífica incluye la posibilidad de cortar la calle", y que, por lo tanto, "la prohibición absoluta es inconstitucional".
Del mismo modo, explicó que para modificar la normativa actual, el gobierno de Milei debería enviar un proyecto al Congreso.
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