SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Modero (PRM) presentó la relación de las obras aprobadas por el Congreso Nacional favociendo a la cuestionada firma Odebrecth, en los cuales el 94 por ciento de los fondos y el 91 por ciento de los contratos son responsabilidad de funcionarios y altos dirigentes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Orlando Jorge Mera habla sobre caso de Odebrecht junto a dirigentes del PRM.
En rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves en su casa, encabezada por el licenciado Orlando Jorge Mera, el partido opositor expresó que una al no investigar a esos dirigentes, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, demuestra su clara intención de encubrir a los culpables y buscar “chivos expiatorios “para salvar la culpabilidad tanto de los altos dirigentes peledeistas como la propia firma internacional, enredada en una mafia de corrupción intercontinental.
El PRM Propone que la cámara de cuentas, máximo órgano de control externo de los recursos públicos, convoque a una licitación pública nacional e internacional para la contratación de una empresa especializada que realice las auditorias forenses a cada una de las obras contratadas entre el Estado Dominicano y la compañía Odebrecht y sus asociados.
En la rueda de además de Jorge Mera, estuvieron Roberto Fulcar, Geanilda Vásquez, Eduardo Sanz Lovaton, Franklin García Fermín, Gloria Reyes, Rafael (Fafa) Taveras, entre otros.
A continuación la declaración integra del PRM.
¿UNA INVESTIGACIÓN O LA BÚSQUEDA DE ALGUNOS CHIVOS EXPIATORIOS?
En fecha 17 del mes de enero el PRM anunció que como aporte a la investigación del caso Odebrecht en República Dominicana, sus miembros que ocuparon posiciones de Presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados o funcionario del poder ejecutivo, estaban en disposición de acudir ante el Procurador General de la República para cualquier aclaración.
En esa condición asistieron a la procuraduría los días 23 y 24 de enero de 2017, los ex presidentes del Senado Andrés Bautista García, Jesús Vásquez Martínez, y ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, donde informamos sobre los contratos que se conocieron en nuestro pasaron por la Presidencia en el Congreso.
¿Por qué a los que ejercieron y ejercen el poder, que son los responsables de hacer las licitaciones, otorgan los contratos, lo aprueban, y ejecutan las obras, no se les pide cuentas? Hay un principio jurídico que establece que la responsabilidad no se delega.
Esa acción es una demostración clara de un manejo politiquero de la investigación, los de la oposición que cumplen 11 años fuera del Congreso son interrogados y los del gobierno del PLD que han conocido casi la totalidad del monto asignado a dicha compañía no se tocan ni con el pétalo de una rosa.
Hoy queremos mostrarle al pueblo dominicano quienes deben informarle sobre las obras adjudicadas a Odebrecht y los préstamos y contratos aprobados.
Los gobiernos del PLD no rinden cuentas ni publican los pagos a compañías o personas físicas que reciben dineros del estado, como es su obligación y como se hacía en otros gobiernos. Los ciudadanos que ponen el dinero con sus impuestos, merecen informaciones claras y precisas de qué hace el gobierno con su dinero.
En el gobierno de Hipólito Mejía se contrataron 2 obras por un monto de 293 millones de dólares equivalentes al 6 % del total de las obras adjudicadas a Odebrecht y sus asociados.
En los gobiernos de Leonel Fernández se aprobaron 25 contratos por un monto de 1, 461, 902,368 millones de dólares, equivalentes al 33% del total asignado a Odebrecht.
Durante el gobierno de Danilo Medina se aprobaron 5 contratos por un monto de 2, 712, 434,413 millones de dólares equivalentes al 61% con relación al total.
En el Senado presidido por Andrés Bautista García se aprobaron 3 contratos, 266.7 millones de dólares igual al 5% de los montos aprobados desde el año 2002 al 2014.
Es oportuno informar que los dos (2) contratos del acueducto de la línea noroeste por un monto de 161,761.441.00 millones y 89, 925,939.18 millones respectivamente fueron asignados a la empresa Andrade Gutiérrez como contratista principal que se asoció con la firma ODEBRECHT para la construcción de dicho acueducto.
Tomando en cuenta esta aclaración en la presidencia de Andrés Bautista solo se aprobó el contrato de 15 millones de dólares
directamente
a ODEBRECHT como empresa principal para la construcción de la Hidroeléctrica Palomino.
En el Senado presidido por Jesús Vásquez Martínez se aprobó 1 contrato de préstamo para la empresa ODEBRECHT por un monto de 131.7 millones de dólares equivalente al 3%.
Resaltamos que durante la presidencia del Senado de Andrés Bautista y Jesús Vásquez, la Cámara de Diputados estuvo presidida en 3 ocasiones por Alfredo Pacheco, donde se aprobaron tres préstamos por un monto de 236.6 millones de dólares y una por Rafaela Alburquerque por un monto de 161.8 millones de dólares.
En el Senado presidido por Reinaldo Pared Pérez se aprobaron 17 contratos por un monto de 2,692.8 millones de dólares equivalentes al 60% con relación al total de recursos aprobados a Odebrecht y sus asociados y en la presidencia de Cristina Lizardo se aprobaron 11 contratos por un monto de 1376 millones de dólares para un 31% del total.
Durante esos períodos la Cámara de Diputados estuvo presidida por Julio Cesar Valentín Jiminian y Abel Martínez Duran respectivamente, así como por Lucia Medina Sánchez, vicepresidenta en funciones de presidenta, participando en la aprobación de 767.4 millones de dólares, mientras cumplía esa función.
¿Por qué razón los que aprobaron el 91% de las obras contratadas no han sido requeridos por el Procurador General de la República, mientras los que aprobaron 4 préstamos equivalentes al 9% del total contratado, dos de ellos siendo Andrade Gutiérrez el contratista principal y no cuestionados, a diferencia de Punta Catalina que desde su licitación ha sido sujeta de cuestionamientos y críticas, son interrogados?. Eso demuestra la parcialización en la investigación y la impunidad de que gozan los peledeistas del gobierno.
Es inaceptable que el gobierno pretenda ocultar la verdad buscando algunos chivos expiatorios para encubrir a los verdaderos corruptos que se sirven del dinero del pueblo, contando con la impunidad con que cuentan los que gobiernan el país, fruto del secuestro de la justicia por el PLD-GOBIERNO.
Hace 11 años, los compañeros Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Alfredo Pacheco salieron del Congreso Nacional con la frente en alto, luego de haber ejercido sus funciones legislativas con absoluta transparencia. Reiteramos que quienes tienen responsabilidad en estos casos son los que han licitado, asignado, aprobado y ejecutadas las obras cuestionadas, y, sin embargo, no se les pide cuentas.
Los sobornos son una mínima parte, comparado con los sobreprecios que sirve a los corruptos para acumular sus grandes fortunas y exhibirlas al pueblo dominicano.
Dos ejemplos:
1) La autopista el Coral fue contratada por 272, 269,336.44 millones de dólares. El Congreso aprobó 163 millones con financiamiento externo, sin embargo, en el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) se registran 454 millones de dólares pagados con crédito externo lo que prueba que hay 292 millones de dólares de préstamos sin aprobación del congreso.
2) La Hidroeléctrica Pinalito, el contrato de construcción fue aprobado por 131,721,080.00 millones de dólares, no se ha terminado y se han gastado más de 400 millones de dólares.
Proponemos que la cámara de cuentas, máximo órgano de control externo de los recursos públicos, convoque a una licitación pública nacional e internacional para la contratación de una empresa especializada que realice las auditorias forenses a cada una de las obras contratadas entre el Estado Dominicano y la compañía Odebrecht y sus asociados.
En estas acciones, bajo la coordinación
del Ministerio Publico, el organismo antinarcóticos realizo ocho allanamientos
y 273 operativos a nivel nacional ocupando también, una pistola, decenas de
armas blancas, nueve motocicletas, tres balanzas, 52 celulares, y otras
evidencias utilizadas por los presuntos distribuidores de narcóticos. 
