Decenas de miles de personas han salido a las calles después de que el parlamento rechazara las medidas de emergencia destinadas a proteger a los inquilinos.
Decenas de miles de personas se han manifestado en toda España para exigir alquileres asequibles y una mayor protección para los inquilinos en medio de una creciente crisis de vivienda.
Según el portal inmobiliario Idealista, el alquiler promedio casi se ha duplicado en la última década. El viernes, el Parlamento rechazó por estrecho margen dos decretos de emergencia en materia de vivienda propuestos por el gobierno del presidente Pedro Sánchez.
Según las autoridades, unas 70.000 personas marcharon el sábado por las calles de Madrid para denunciar la decisión, mientras que los organizadores cifraron la participación en medio millón. Manifestaciones similares tuvieron lugar en cerca de 50 ciudades españolas.
En la ciudad oriental de Valencia, los manifestantes se enfrentaron con la policía, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Alrededor de 30 manifestantes lograron traspasar el perímetro de seguridad que rodea la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un emblemático complejo cultural, antes de que los agentes los desalojaran.
Los manifestantes exigen una reducción del 50% en el alquiler, contratos de arrendamiento indefinidos y la expropiación de viviendas por parte de empresas de inversión a las que califican de "fondos buitre". La portavoz del sindicato de inquilinos, Valeria Racu, anunció que se convocará una huelga general tras las conversaciones con los sindicatos.
“Existe una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos”, declaró en un comunicado el Sindicato de Inquilinos, que coordina las manifestaciones.
Las protestas, que comenzaron el mes pasado, se desencadenaron por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, del piso de Madrid donde había vivido durante casi siete décadas. Fue sacada en camilla tras no poder afrontar una fuerte subida del alquiler. Posteriormente, su casero accedió a que regresara pagando un alquiler más bajo, pero las manifestaciones continuaron.
En respuesta a la crisis, Sánchez propuso dos decretos destinados a proteger a los inquilinos. El primero incluía la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables, el aumento de los impuestos sobre los apartamentos turísticos y la restricción de las compras de viviendas por parte de fondos de inversión, mientras que el segundo preveía la renovación automática de los contratos de alquiler. Estas medidas requieren la aprobación del Parlamento.
Juntos por Cataluña se unió al Partido Popular (PP) y a Vox para oponerse a la legislación. Los críticos argumentaron que las medidas desincentivarían a los propietarios a alquilar sus viviendas, agravando la escasez y elevando los precios.
“La vivienda no se abarata con decretos, se abarata con más viviendas”, dijo Juan Bravo, diputado del PP.
El resultado ha aumentado la presión sobre Sánchez para que convoque elecciones anticipadas. Medios españoles informaron que podría adelantar los comicios a noviembre en lugar de al próximo verano. Su oficina declinó hacer comentarios al respecto.
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