Juez y DGII desacatan sentencia del Tribunal Constitucional; juez de primer grado no puede interpretar sentencia definitiva
La Dirección General de Impuesto Internos y el juez interino de la Segunda Sala
de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional desacatan una decisión del Tribunal Constitucional que dispone el
pago de un astreinte (sanción económica) de 100 mil pesos diario que a la
fecha ascienden más de 400 millones de pesos.
El magistrado Misael Isaac Sánchez del Villar en funciones de juez interino en
un proceso que no ventiló actuando en componenda con la DGII, sobreseyó el
proceso de liquidación.
Se trata de la SENTENCIA TC/0208/20 que favorece al doctor Ramón Emilio Concepción, excandidato presidencial del PRM, que en su condición de abogado interpuso una acción de amparo por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de primera Instancia del Distrito Nacional, debido a que la DGII quería cobrarle el pago de impuestos de unos inmuebles que ganó por cuota litis, no obstante, la Ley 302 de Honorarios de Abogados lo exonera.
“El pago de cuota litis y los documentos probatorios de los derechos del abogado estarán exonerados en cuanto a su registro o transcripción, del pago de todos los impuestos, derechos fiscales o municipales”, precisa el artículo 9, de la ley 302 anteriormente citada.
El juez interino violó la Constitución de la República y la Ley que creó el Tribunal
Constitucional al emitir una decisión desacatando una sentencia del Tribunal
Constitucional que ya había adquirido, la cosa irrevocablemente juzgada.
El juez “desacató” la sentencia No. 0208/20 dictada por el Tribunal
Constitucional el 14 de agosto del 2020.
El juez interino llegó tan lejos en su desafío, que abrió un proceso que había cerrado por el Tribunal Constitucional.
El doctor Concepción dando cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Constitucional solicitó la liquidación del astriente, como paso protocolar, en esta materia del cual el Juez no se puede apartar cuando lo manda una sentencia definitiva.
El juez interino con su ilógica e ilegal decisión, pretende que un Juez de Primera Instancia interprete una sentencia del más alto tribunal de la República Dominicana.
“Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e
“El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condiciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseer para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial”, indica la ley, en su artículo 71.
“La decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho”.
El doctor Concepción dijo que el juez Sánchez del Villar, abrió un proceso que ya está cerrado con la sentencia TC0208-20 del Tribunal Constitucional.
Precisó que ningún tribunal de primer grado está por encima del Tribunal Constitucional, el más alto tribunal de la República.
La DGII y el Juez Interino, “desconocieron y violaron la Constitución de la República en su artículo 184, que establece que las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y tienen un carácter vinculante a
todos los órganos públicos y todos los organismos públicos”.
El juez interino suspendió la ejecución de la Sentencia del Tribunal
Constitucional, donde Concepción, presentó una demanda en liquidación de
astriente bajo el argumento que hay que esperar que un Juez de Primera
Instancia interprete una decisión del más alto tribunal del país que fue
apoderado por la DGII, algo insólito en el sistema de justicia.
Sostiene que esa decisión del Juez Interino también viola los artículos 31 y 71
de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos
Constitucionales, que entre otra cosa establece que el conocimiento de la
acción de amparar no podrá suspenderse o sobreseer para aguardar la
definición de la suerte de otro proceso judicial.
“Él puede ser sometido disciplinariamente y también penalmente, en este caso por Desacato, sancionado por el Código Penal., además, por Rebeldía y Desafío frente a la sentencia del Tribunal Constitucional”.
Dijo que el juez interino, abrió un proceso que ya el Tribunal Constitucional, como órgano extra poder más importante del país y como Tribunal de cierre de los diferendos jurídicos había cerrado con su sentencia TC0208-20.
“Si el Tribunal Constitucional no sanciona esta actuación de ese juez interino, se corre el riesgo de que hasta un juez de Paz de cualquier municipio se revele con el más alto tribunal”.
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