SANTO DOMINGO,
D.N.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, manifestó su
rotundo desacuerdo con la decisión emitida este martes por la Segunda Sala
Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de mantener en libertad
condicional bajo garantía económica al exministro de obras públicas Víctor Díaz
Rúa y al empresario Ángel Rondón Rijo, implicados en los sobornos que la
empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para asegurar contratos de obras
estatales.
A través de una
nota difundida por la Dirección de Comunicación de la Procuraduría General de
la República (PGR), el máximo representante del Ministerio Público expresó que
la indicada resolución emitida por el tribunal de alzada es injustificable
porque no han variado en nada los presupuestos que dieron origen a que el
pasado 8 de julio esos mismos jueces ratificaran la prisión preventiva para
ambos encartados.
El procurador
general señaló que en el recurso de apelación los fiscales a cargo del caso
Odebrecht presentaron suficientes elementos para que sin vacilación el tribunal
retornara a la cárcel a Díaz Rúa de donde jamás debieron haber salido. De igual
manera, con Rondón Rijo, sobretodo, porque la estadía en libertad de ambos
representa un gran riesgo para la ampliación de las investigaciones que se
están llevando a cabo.
“La Procuraduría no
favorece ese comportamiento, y objeta absolutamente la medida que lo facilita y
las motivaciones que han impulsado la decisión de hoy; la misma es totalmente
incongruente con nuestros propósitos de hacer justicia. Esta institución,
nuestro equipo y los fiscales a cargo estamos haciendo un esfuerzo
extraordinario para evitar que se incentiven las percepciones de permisividad e
inacción y que de una vez por toda sean erradicados de la sociedad dominicana; especialmente
en los actores políticos y sus vinculados directa o indirectamente”.
Mediante la
declaración, el procurador general hizo un llamado a la ciudadanía para que
mientras se aproxima el momento de aplicar las consecuencias que corresponden frente
a los actos de corrupción, los ciudadanos de bien reaccionemos con nuestro
rechazo.
Tras conocer la
apelación presentada por el Ministerio Público, la Segunda Sala Penal de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), decidió mantener a Ángel Rondón Rijo y Víctor
Díaz Rúa las medidas de coerción consistentes en garantías económicas por
montos de RD$70 y RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de
salida del país, respectivamente.
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