El Ministerio Público reiteró que cuentan
con evidencias fehacientes que comprometen la responsabilidad penal de los
encartados y que procurarán justicia.
SANTO DOMINGO.- El
Ministerio Público informó la tarde de este martes que obtuvo distintas medidas
de coerción en contra de las 11 personas imputadas de la venta ilegal de
terrenos en el sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
foto jode de leon |
El juez de la
Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional,
José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva contra Leoncio
AlmánzarObjío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE); Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario; Domingo Gerardo Lebrón
de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez
Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA, así como de
Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal
accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias
GOWI, y José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de
la entidad comercial TITULATEC.
En tanto que contra
Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y
actual directora nacional de Registro de Títulos; Irving José Cruz Crespo, ex
Consultor Jurídico de esa entidad, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco
y Hadonis Ruiz Mella, fue impuesta contra cada uno, una garantía económica de
RD$500 mil, impedimento de salida del país y presentación periódica el primer
lunes de cada mes ante el Ministerio Público.
La información
indica que el Tercer Juzgado de la Instrucción de la jurisdicción del Distrito
Nacional, fue apoderado para la revisión de las medidas el próximo 25 de
octubre del presente año.
Señaló que la
empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían
sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache&
Asociados (INFEPA), procediendo posteriormente esa misma empresa a vender parte
de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC. En esa transacción los mismos inmuebles que
habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano
fueron valorados esta vez en 200 millones de pesos.
El órgano del
sistema de justicia reiteró que cuentan con evidencias fehacientes que
comprometen la responsabilidad penal de los encartados y que procurarán que
haya justicia en este fraude cometido contra el Estado dominicano y las
familias del sector Los Tres Brazos.
La información
precisa que un equipo multidisciplinar estuvo a cargo de las indagatorias,
compuesto por miembros de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría
Especializada contra la Corrupción Administrativa y el Abogado del Estado, así
como un equipo de fiscales de carrera expertos en corrupción y derecho
inmobiliario junto a un eficiente equipo de abogados externos, quienes durante
el proceso de investigación recabaron más de 300 piezas documentales y otras
tantas testimoniales que vinculan al grupo con los delitos imputados.
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