La institución informó que realizaron
allanamientos simultáneos, cerró dos centros y arrestaron los propietarios.
PUERTO PLATA.- El
procurador general de la República, Jean Rodríguez, dirigió este fin de semana
un amplio operativo en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó diez
allanamientos a centros vinculados al proxenetismo.
En ese sentido, se
informó que en una labor conjunta de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en conjunto con el
Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR),
agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del
Ejército de la República Dominicana, se realizaron allanamientos simultáneos a
los centros con indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual
cerraron dos centros de significativa práctica de proxenetismo además de
rescatar 70 mujeres dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos
propietarios de dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las
próximas horas a la acción de la justicia.
Al ofrecer los
detalles de la operación mediante un comunicado de prensa, detalló que los
negocios clausurados son Restaurante Bar Pica Flor y Bar Restaurante Barrio
Latino, localizados en los municipios de Sosúa y Cabarete de esta provincia,
propiedad de la pareja arrestada, Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y
Arisleida Pérez Vásquez.
La institución
detalló que los operativos fueron realizados de forma sorpresa y simultánea,
atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas directamente al procurador Jean
Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional y
múltiples denuncias, donde los ciudadanos han identificado el proxenetismo, la
prostitución y la trata de personas dentro de los delitos que más les afectan.
“Esta problemática
social del proxenetismo que afecta a la comunidad de Puerto Plata, constituye
un tema de gran preocupación para toda la sociedad y para nosotros como
autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se vuelven vulnerables ante
personas desaprensivas que se lucran explotando nuestra gente, afectando la
integridad de las víctimas y la imagen de la provincia y el país, así como
sectores tan importantes como el turismo, por lo que hemos declarado tolerancia
cero contra ese delito y hemos instruido a los fiscales que actúen con toda la
drasticidad que permitan las leyes en estos casos”, manifestó.
La institución
destacó que la acción se enmarca dentro del plan trazado por el procurador Jean
Rodríguez para combatir con acciones puntuales esos graves delitos de la
criminalidad organizada, destacando que la presente gestión ha puesto especial
atención a este tema, dando instrucciones precisas al Ministerio Público de
todo el país para reforzar las labores de prevención y persecución de esos
delitos y que sean sometidos a la justicia, todos los implicados.
Respecto a la
pareja apresada, el Ministerio Público
informó que tienen amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia
de investigación e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y
que solicitará en el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de
prisión preventiva como medidas de coerción, por la presunta violación de los
artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano,
modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de
la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Detalló que durante
los operativos además fueron apresados para fines de investigación varios
empleados adicionales que se encontraban en los establecimientos allanados.
Con relación al
imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que su apresamiento se produjo durante
un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No.
609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito
Judicial de Puerto Plata.
Durante el
allanamiento, además del arresto de Henríquez Beatón, fueron rescatadas 70
mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo agravado, tres vehículos, un
arma de fuego, la suma aproximada de
RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61 dólares americanos, varios
equipos electrónicos, además de facturas del cobro de las salidas de las
jóvenes.
En tanto que
Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un allanamiento a una villa donde
reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el cual se llevó a cabo mediante la
orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378, emitida por dicho juzgado,
incautándose también en dicho lugar la suma aproximada de RD$327,800.00 pesos y
alrededor de US$13,948 dólares estadounidenses, entre otras evidencias
relacionadas al caso.
De igual manera, en
el Bar Restaurante Barrio Latino,
allanado mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas
motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos
vinculada a caso.
Estrategias
institucionales coordinadas contra los delitos
La Dirección de
Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República explicó que
los integrantes de las referidas instituciones allanaron varios negocios en la
zona tras obtener información durante el proceso de investigación de que presuntamente
en dichos centros se estaban dedicando a la trata de personas y al
proxenetismo.
Durante las
pesquisas, señala el órgano investigativo, fueron recolectadas diferentes
pruebas que permitieron confirmar los graves hechos denunciados y que dieron al
traste con la clausura de los negocios y el apresamiento de sus propietarios.
Las autoridades
precisaron que parte de las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger sus
identidades, fueron llevadas a un centro de protección habilitado para esos fines,
con el objetivo de ofrecerle las atenciones necesarias y salvaguardar su
integridad física.
En torno a las
acciones contra esas problemáticas, advirtieron que habrá un plan de
seguimiento y monitoreo conjunto que lo desarrollará el Ministerio Público,
CESTUR y otras instituciones, para prevenir y contrarrestar la trata de
personas y el proxenetismo, incluyendo al Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI), para supervisar y evitar que menores de edad participen
en esos actos.
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