Destaca que en la presente gestión del
procurador Jean Rodríguez se han incautado diferentes tipos de armas y se han
cerrado unos 13 negocios por operar de manera ilegal.
SANTO DOMINGO.- Durante allanamientos
realizados de manera simultánea en la oficina y puestos de servicios de la
compañía de seguridad privada Security Protection Center (SECPTER), localizadas
en el Gran Santo Domingo y Santiago, la Procuraduría Especializada para el
Control y Tráfico de Armas incautó 91 armas de fuego de diferentes tipos y
calibres y arrestó a 70 personas para entrevistarlas respecto al caso.
Al ofrecer los detalles de la
incautación mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que
persigue al gerente general de la compañía, el señor Nelson Rafael Mejía
Ovalles, un exoficial dado de baja del Ejército de República Dominicana en
1993, quien se encuentra prófugo.
Explicó respecto a las armas, que en
total fueron ocupados 34 escopetas, 50 pistolas y siete revólveres, así como
una cantidad indeterminada de municiones de diferentes calibres, un juego de
dador para el retrancamiento de armas de fuego y un carro Hyundai propiedad de
la empresa, los cuales se encuentran en poder del Ministerio Público.
La institución precisó que
procedieron a la incautación de las armas y municiones en virtud de que la
compañía no contaba con licencia para operar, además de que las armas no tenían
ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles, retroqueladas o
clonadas.
Además, porque durante la
investigación se ha establecido que dicha empresa está relacionada a una
compañía propiedad de una persona condenada por narcotráfico como lo es el
excoronel Fernández Valerio, sentenciado a 20 años de prisión por violación a
la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público destacó que
esta acción es el resultado de las estrategias implementadas en el marco del
plan de trabajo institucional puesto en marcha por el procurador general de la
República, Jean Rodríguez, para enfrentar con efectividad el tráfico ilegal de
armas de fuego y tener mayor control de las compañías de seguridad privada que
operan sin permiso, siendo esta la treceava entidad de este sector que es
intervenida desde el pasado año por actividades ilegales.
En ese orden, dijo que esa operación
se realizó como parte de los trabajos que realizan en coordinación con diversas
instituciones para la prevención del crimen y los delitos, ya que en la medida
que se controla el negocio ilegal de las armas de fuego, en ese mismo sentido
se puede controlar y prevenir con mayor efectividad la delincuencia y los demás
actos delictivos.
La Procuraduría Especializada para
el Control y Tráfico de Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez, detalló
que la operación fue realizada mediante la orden judicial No. 0058-JUNIO-2018,
emitida el pasado 26 de junio de 2018 por la coordinación de los Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional para que fuera aplicada en la oficina
principal de dicha empresa que funciona en la capital y en todos sus centros de
servicios que funcionan en las referidas localidades.
Señaló que esta actividad ilegal
constituye una violación a los artículos 3, 45, 46, 48, 50, 51, 66, 67 y 70 de
la Ley No. 631 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 34-89
sobre Aduanas.
El comunicado destaca que miembros
del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría Especializada para el Control
y Tráfico de Armas junto a fiscales del
Distrito Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia fue
realizada por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto
del Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea
Ciudad Tranquila (CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones
Criminales de la Policía (DICRIN), la Policía Preventiva y la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
Se destaca que la Procuraduría
Especializada en Control y Tráfico de Armas en una acción conjunta con la
Superintendencia de Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, ha investigado
y sometido a la justicia a 12 empresas de seguridad privada, y en dos de los
casos ya se han obtenido sentencias definitivas.
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