El
procurador Jean Rodríguez instruyó a las fiscalías implementar el plan de
seguimiento a las acciones ejecutadas contra las máquinas tragamonedas, en el
marco del cual dijo que continuarán incautando los aparatos que funcionen en
lugares prohibidos.
SAN CRISTÓBAL.- El
procurador general de la República, Jean Rodríguez, procedió a la destrucción
de más de 1,000 máquinas tragamonedas y cajones que fueron confiscados el
pasado domingo 8 de julio en el transcurso de operativos realizados de manera
simultánea en el Distrito Nacional y las 31 provincias del país.
En dicho acto, el
procurador Rodríguez explicó que los operativos fueron realizados por las
demandas reiterativas de la sociedad en los encuentros comunitarios que ha
desarrollado a nivel nacional, donde dijo que los ciudadanos le manifestaron el
efecto pernicioso que tenían estas máquinas en el bienestar de los niños, niñas
y adolescentes en su comunidades, ya que muchas veces éstos apostaban hasta el
dinero de la escuela en el colmado más cercano, generando ello conflictos
familiares y hasta deserción escolar.
“Estos
encuentros me han permitido compartir con los líderes comunitarios de cada
región. Me he sentado con ellos y escuchado con atención cuáles eran sus
principales preocupaciones en materia de seguridad ciudadana y cuáles eran los
principales delitos que ocurrían en sus comunidades, saliendo siempre a relucir
una y otra vez, la necesidad de retirar las máquinas tragamonedas ubicadas en
colmados, drinks, billares y otros lugares prohibidos por la ley”, manifestó.
En
referencia a la operación llevada a cabo en todo el país, explicó que en
total movilizaron unos 4,000 servidores públicos, incluyendo más de 1,000
fiscales, 1,500 militares, 500 policías y 1,000 auxiliares, quienes visitaron
más de 2,500 locales y desarrollaron una ardua labor en todo el territorio
nacional para retirar los equipos de los diferentes comercios donde se detectó
su uso ilegal.
El
jefe del Ministerio Público dijo que como resultado de todos estos esfuerzos
fueron incautadas más de 1,000 máquinas tragamonedas y cajones, así como más de
5.3 millones de pesos y más de 300 personas detenidas para fines de
investigación.
“El
impacto económico de estos operativos simultáneos en la estructura criminal de
los juegos de azar fue inmediato. Si calculamos el valor de las máquinas
incautadas, la cantidad de dinero en metálico recaudado y el costo financiero
de montar nuevamente la operación, estamos hablando de una cantidad que podría
superar los 75 millones de pesos en tan solo un día”, dijo.
Expuso
que el operativo realizado el domingo 8 de julio es solo la primera de un
número de acciones queestarán destinadas a atacar la industria delictiva de los
tragamonedas desde su base hasta la cúpula.
En
ese sentido, el procurador general dijo que también han lanzado una campaña de
prevención a nivel nacional, a fin de crear consciencia en las comunidades
sobre la ilegalidad de las máquinas tragamonedas en lugares no autorizados como
colmados, drinks, bares y billares y sus efectos perjudiciales.
Sometimiento
a distribuidores
El comunicado a través del cual la institución
ofreció la información, destaca que varias personas fueron sometidas por su
condición de distribuidores a la justicia en diferentes departamentos
judiciales y se ha logrado que les sean impuestas medidas de coerción.
Resaltó en ese orden, que la Fiscalía de La Vega
obtuvo tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y
Rehabilitación de Rafey y la declaratoria de caso complejo en el proceso seguido
en contra del imputado José Luis Díaz Lizandro y/o José Luis Rodríguez,
investigado por presuntamente operar un centro de ensamblaje, almacenaje y
distribución de máquinas tragamonedas.
Indicó que Díaz Lizandro es procesado por la
presunta violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No.
351 y las leyes Nos. 96-88 y 29-06 sobre operación de máquinas tragamonedas
fuera del recinto autorizado, así como por la violación del Código Tributario,
la Ley No. 8-92 sobre Cedulación, por haberse hecho expedir dos cédulas de
identidad diferentes, y por violar las leyes 631-16 sobre Control y Regulación
de Armas y 155-17 contra el Lavado de Activos.
De igual manera, precisó que la Fiscalía de
Espaillat logró que les fueran impuestos tres meses de prisión en el Centro de
Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca al ciudadano Ángel Manuel
Almonte, y a su pareja Hilda Pérez una garantía económica de RD$400 mil a
través de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida
del país, ambos fueron sometidos a la justicia por el Ministerio Público de
Espaillat a raíz del operativo nacional contra las máquinas tragamonedas.
Asimismo, indicó que la Fiscalía de Santo Domingo
Oeste solicitará en las próximas horas la imposición de medidas de coerción
contra cinco implicados en el uso ilegal de esos aparatos.
Dijo que todos los desperdicios producto de la
destrucción de las máquinas serán recogidos y desechados de forma correcta,
para evitar daños al medio ambiente.
Señaló que los desechos que sean aprovechables,
como los metales, serán vendidos y los fondos recaudados utilizados para cubrir
los mismos gastos en que se ha incurrido en los operativos en todas las
provincias del país.
El procurador Rodríguez agradeció la colaboración ofrecida
por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, quienes acompañaron a los
fiscales durante el desarrollo del trascendental operativo.
La destrucción de las máquinas tragamonedas se
llevó a cabo en las instalaciones de Parque Industrial de Haina, localizada en
los Bajos de Haina, con la participación de doctor José Ramón Fadul, ministro
de Interior y Policía; el teniente general del ERD, Rubén Paulino Sem, ministro
de Defensa, y del mayor general Braulio Alcántara López, comandante general del
Ejército, así como del vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, comandante
general de la Armada de República Dominicana, y del mayor general Luis Napoleón
Payans Díaz, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana.
También, participaron el mayor general NeyAldrin
Bautista Almonte, director general de la Policía Nacional; el contralmirante
Lee Ballester, director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas; el coronel Ricardo Castillo Terrero, comandante de la
Fuerza de Tarea Conjunta, y el viceministro técnico-administrativo del
Ministerio de Hacienda, Manuel Arturo Pérez Cancel, además de procuradores
adjuntos, procuradores regionales de cortes y titulares de las procuradurías
especializadas y las procuradurías fiscales.
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