SANTO
DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana (CCRD) declaró que la institución está embarcada en un
proyecto de modificación de la Ley 10-04, que establece las atribuciones y
competencias de esa entidad, a los fines de tener un mayor poder para actuar
frente a los funcionarios que cometen irregularidades, desfalco o indelicadezas
en el manejo de los recursos públicos.
El
licenciado Hugo Álvarez Pérez explicó que se hace necesaria la modificación de
la referida ley para que la entidad fiscalizadora pueda actuar en
representación del Estado para pedir un resarcimiento económico a las personas
que han cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones.
“Con
la modificación a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas pretendemos tener un
mayor poder para nosotros actuar frente a los casos de responsabilidad
administrativa y civil de los servidores públicos de las entidades y organismos
que están sujetos a esta ley”, dijo.
Álvarez
Pérez explicó en ese sentido que cuando un funcionario comete una
“indelicadeza” en perjuicio económico del patrimonio del Estado, “lo destituyen
del cargo mediante un decreto, pero esa persona se queda con el dinero obtenido
mediante una acción u omisión culposa, entonces no hay un resarcimiento para el
Estado dominicano y eso es justamente lo que buscamos con la modificación de
esta ley, que ese dinero vuelva a las arcas del Estado”.
El
presidente de la CCRD habló sobre el tema en el marco de una conferencia dictada
a decenas de estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (Unphu). En el encuentro también expuso la licenciada Thelma Ofelia Pichardo sobre el tema “La Cámara de
Cuentas y el control social”, quien habló de las políticas, normas de la
institución, naturaleza y atribuciones de la entidad fiscalizadora.
Dijo que también buscan resolver los problemas que se registran en los
ayuntamientos, tras determinarse que la mayoría no cumple con la ley 176-07,
específicamente en lo que tiene que ver con el destino de los fondos
establecido en el artículo 21, que establece que el 25% debe utilizarse para
gasto de personal.
“Casi todos gastan más del 60% en contratación de personal, ya sean fijos o
bajo contrato temporal”, agregó.
El
funcionario explicó que para resolver ese problema se está trabajando en la
elaboración de un instructivo dirigido a los gobiernos municipales en
colaboración con la Contraloría General de la República, la Liga Municipal
Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación
Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim).
Dijo
que el mismo busca capacitar a los alcaldes y funcionarios administrativos de
esas entidades sobre las diferentes normativas que tienen que cumplir en el
marco de las exigencias sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
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