Santo Domingo,
D.N.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ampliará el
ámbito de la investigación para verificar y contrastar las informaciones y
documentaciones obtenidas con los 16 funcionarios, ex funcionarios,
legisladores, ex legisladores, y con otros vinculados a Odebrecht, que hasta el
momento han sido citados para declarar.
La PGR reiteró que
existe un compromiso firme de parte de
la multinacional brasileña para pagar la indemnización exigida cuyo
monto es por US$184 millones, suma que
duplica lo reconocido por la constructora como recursos destinados a
sobornos para resultar favorecida con contratos de obras del Estado.
La declaración de
la PGR señala que este es el acuerdo más alto logrado por autoridades en países
de Hispanoamérica afectados por sobornos de la empresa brasileña, ya que se ha
tomado como referencia la ley dominicana que castiga el soborno, para que la
misma pague el doble de la suma que reconoce ha utilizado en actividades
ilícitas.
Recordó que se han
solicitado informaciones por vía oficial a autoridades en el exterior, de
-Brasil y Estados Unidos-, con las cuales se mantiene contacto fluido para
conocer cuanto antes los detalles que habrían confesado ejecutivos de la
constructora brasileña sobre sus actividades en la República Dominicana, con
especial interés en obtener los nombres de los que figuran como sobornados en
esos documentos.
Reiteró que en este
caso, el Ministerio Público busca construir un expediente fuerte, por lo que
está siendo lo debidamente cauteloso en las pesquisas y diligencias afines,
destacando que las mismas son mayores que las que puede difundir, para así no
entorpecer el proceso, según manda la ley.
OTROS
SERÁN REQUERIDOS
La PGR aseguró que
en lo adelante, en la medida en que las pesquisas indiquen, oportunamente serán
requeridas otras personas físicas y empresas, que hayan tenido relación directa
o indirecta con Odebrecht.
Reafirmó que
realiza una investigación exhaustiva y aseguró que se utilizan todos los medios
al alcance local e internacional, a los fines de identificar con exactitud, y
tener el sustento probatorio, a las personas que habrían recibido dichos
sobornos, garantizando que serán sometidos a la justicia sin importar quienes
sean.
LOS
QUE HAN DECLARADO
Los primeros
convocados por la PGR a declarar sobre este caso, fueron los actuales
responsables de entidades estatales relacionadas con la multinacional
brasileña, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el vicepresidente ejecutivo de la
Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y
el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo
Terrero, quienes además suministraron importante documentación preliminar.
También, aunque
luego informaron sobre no haber suscrito contratos con Odebrecht, fueron
citados el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados
de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco
Pagán.
La lista de
funcionarios de pasados gobiernos que han comparecido, incluye a los ex
vicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y Cesar Sánchez; los ex ministros
de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y a los ex
directores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez.
También el ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano.
Además los ex
presidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez (Chu), y
el ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ozoria, quienes
lideraron desde sus posiciones la aprobación de diversos contratos de
Odebrecht.
También han sido
cuestionados por amplio espacio de tiempo el gerente local de Odebrecht,
Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de la
empresa extranjera, identificado como receptor de US$92 millones de la
constructora, quien luego declaró que dicha suma corresponde al pago por
servicios contratados.
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